En un comunicado hecho público, el centro confirmó que, a partir del 1 de enero de 2026, presentará una demanda ante los tribunales franceses, en el marco de su mandato de interés público, contra cualquier empresa o entidad económica que haya contribuido, directa o indirectamente, a la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental, considerado territorio no autónomo por las Naciones Unidas, sin el consentimiento libre y directo del pueblo saharaui.

En este contexto, la misma fuente explicó que esta decisión se enmarca en una extensión de la jurisprudencia vigente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en particular su sentencia del 4 de octubre de 2024, que declara oficialmente que “los acuerdos celebrados entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos no pueden aplicarse al Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui”.

Además, el centro también tiene la intención de dirigirse a las autoridades de control competentes, en particular en el ámbito aduanero. En consecuencia, el mismo centro anunció la creación de una célula de monitoreo legal y ciudadano que trabajará con abogados, funcionarios electos y organizaciones de derechos humanos para documentar cada caso y determinar la responsabilidad de los actores económicos involucrados. El centro concluyó enfatizando que “ha llegado el momento de recordar, como dicta la ley y la conciencia, que ningún beneficio económico puede justificar la violación del derecho a la autodeterminación de un pueblo colonizado”. (SPS)