Este 18 de marzo, se cumplen tres años del giro de guion que dio Pedro Sánchez en la política que España ha estado llevando a cabo tradicionalmente en la cuestión del Sáhara Occidental. Aquel día, la Casa Real marroquí hizo pública una carta que el presidente del Gobierno español había enviado al rey Mohamed VI en la que afirmaba que la propuesta de Marruecos para una autonomía en el Sáhara Occidental era «la base más seria, creíble y realista para la resolución» del conflicto. Esa noche, lejos de criticar las formas de la monarquía alauita en hacer pública la carta a través de un comunicado del Gabinete Real marroquí, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, confirmó lo expresado en ella y reivindicó “el inicio de una nueva etapa” en las relaciones entre España y Marruecos.

Quién iba a pensar que la acogida casi un año antes del presidente de la república saharaui, Brahim Gali, por parte del Gobierno de España para tratarle de la COVID-19 iba a desatar la furia de Mohamed VI y el posterior servilismo del Gobierno español ante el soberano marroquí, un hecho que supuso un acto de traición más, el más importante en décadas, del Estado español al pueblo saharaui.

El domingo 18 de abril de 2021, un avión medicalizado procedente de Argel aterrizaba en el aeropuerto de Zaragoza con un paciente de COVID-19 de 72 años a bordo. Nada más aterrizar, el enfermo fue trasladado en ambulancia unos 180 km hasta el hospital San Pedro de Logroño, donde fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos habiéndose registrado en el centro sanitario como ciudadano argelino y con el nombre de Mohammed Ben Battouche. Pero los mismos trabajadores del hospital sospecharon desde muy pronto de que el paciente no se trataba de un enfermo común, pues su ingreso se realizó en una atmósfera de cierta reserva por parte de la administración del centro y un trasiego de maletas nada normal.

Pronto la revista parisina Jeune Afrique, con muy buenos contactos con los servicios secretos marroquíes, reveló que la identidad real del paciente ingresado en el hospital San Pedro de Logroño era la de Brahim Gali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y secretario general del Frente Polisario, y explicó también que, en un primer momento, Alemania se había negado a acogerlo en su país y que fue el Gobierno de España, como segunda opción, quien accedió a brindar la atención médica correspondiente al líder saharaui.

España no pudo negarse a recibir al presidente de la RASD, pues Brahim Gali accedió a la nacionalidad española el 10 de diciembre de 2004, después de que la juez encargada del registro civil de Valencia dictara una providencia en la que ordenaba la inscripción de la “nacionalidad española de origen con valor de simple presunción” (hijo de extranjeros nacido en España) de “Gali Sidi-Mustafá Abdelyelil, conocido como Gali Sidi-Mustafa Sidi-Mohamed”^[1], nacido en Smara en la época de la colonia española, concretamente el 16 de agosto de 1948.

Se acordó que el líder polisario utilizaría una identidad falsa para entrar en España y realizar su ingreso en un hospital, pues se quería evitar cualquier revuelo mediático que seguramente conduciría a una crisis con Marruecos, como finalmente así fue, no sirviendo de nada que el Gobierno de Pedro Sánchez adujera que los motivos de ocultar la acogida de Gali fueran de seguridad.

Desde un principio, el Gobierno español había tratado de llevar en secreto toda la operación de entrada de Gali en el país, así como la de su ingreso en un hospital, e incluso se buscó un centro sanitario en una ciudad pequeña, periférica y alejada del ruido mediático de las grandes urbes. Parecía que reunía los requisitos el hospital San Pedro, en Logroño, la capital de una comunidad autónoma, La Rioja, presidida entonces por Concepción Andreu Rodríguez, del PSOE.

Pero la revelación de Jeune Afrique sobre la verdadera identidad del misterioso paciente ingresado en el San Pedro de Logroño no dejó otra alternativa al Gobierno español que reconocer que había acogido a Brahim Gali. Fue la propia ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, quien salió a la palestra pública para explicar que se había acogido al secretario general del Polisario “por razones humanitarias”. Lo absurdo del asunto es que el Ejecutivo de Sánchez tuviera que justificarse por acoger al líder saharaui, y más, que lo hiciera por miedo a represalias por parte de Marruecos. Estas llegaron igualmente, pero antes el reino cherifiano hizo público su enfado a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, quien acusó al Gobierno de Sánchez de “maniobrar por la espalda”. Las relaciones bilaterales entre los gobiernos alauita y español, tan importantes en la colaboración en materia de migración y de lucha contra el terrorismo yihadista, estaban a punto de deteriorarse de manera significativa mientras los nueve partidos políticos con representación en el Parlamento marroquí emitieron un comunicado conjunto para censurar la actuación “inaceptable y provocadora” de España.

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