Con el silencio cómplice del ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares
El próximo lunes 2 de marzo se cumplirán cinco años de concentraciones semanales ante el Ministerio de Asuntos Exteriores en la Plaza de la Provincia de Madrid, convocadas por el Movimiento por los presos políticos saharauis para denunciar la situación de decenas de saharauis encarcelados en Marruecos.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El próximo lunes 2 de marzo se cumplirán cinco años de concentraciones semanales ante el Ministerio de Asuntos Exteriores en la Plaza de la Provincia de Madrid, convocadas por el Movimiento por los presos políticos saharauis para denunciar la situación de decenas de saharauis encarcelados en Marruecos y exigir al Gobierno español que asuma su responsabilidad política y jurídica ante esta prolongada vulneración de derechos fundamentales.
Desde hace medio lustro, cada semana sin interrupción, activistas y ciudadanos han recordado que presos saharauis permanecen encarcelados tras procesos marcados por denuncias de falta de garantías judiciales, aislamiento, torturas y confesiones obtenidas bajo coacción, según han señalado diversas organizaciones internacionales de derechos humanos.
Entre los casos más emblemáticos se encuentra el del denominado grupo de Gdeim Izik, compuesto por activistas que fueron detenidos tras la desarticulación en noviembre de 2010 de un gran campamento de protesta pacífica en el Sáhara Occidental, conocido como campamento de la Dignidad o de Gdeim Izik. Este campamento, con miles de tiendas de campaña, fue levantado por saharauis para denunciar discriminación social y económica en el territorio bajo control marroquí.
Los tribunales marroquíes condenaron a los miembros del grupo —junto a otros activistas— por su supuesta responsabilidad en los enfrentamientos violentos ocurridos durante el desmantelamiento del campamento. Sin embargo, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado que estos juicios estuvieron empañados por la gran dependencia en confesiones que los acusados alegan haber firmado bajo tortura, y el Comité contra la Tortura de la ONU ha señalado que Marruecos violó sus obligaciones internacionales en algunos de estos casos.
Además de los procesos judiciales cuestionados, según informes y testimonios, las condiciones carcelarias en las que se encuentran los presos políticos saharauis han sido descritas como degradantes, con limitado acceso médico y restricciones severas a las visitas de sus familias, lo que prolonga el sufrimiento de ellos y de sus allegados.
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