Sáhara Occidental: por qué España debería desclasificar los documentos de 1975-1976

La reciente desclasificación de documentos relacionados con el 23F ha sido presentada como un ejercicio de transparencia institucional y de madurez democrática. Medio siglo después de aquel intento de golpe de Estado, el Estado español ha decidido abrir parte de sus archivos para permitir una lectura más completa de lo ocurrido. Es un gesto significativo. Pero plantea inevitablemente una pregunta incómoda: ¿por qué no existe un proceso similar respecto a otro episodio decisivo de nuestra historia reciente, como la retirada española del Sáhara Occidental en 1975-1976?

La salida del territorio saharaui no fue un episodio menor ni un trámite administrativo. Fue una decisión política de enorme alcance, adoptada en un contexto internacional complejo, con implicaciones jurídicas que siguen proyectándose hasta hoy. Medio siglo después, el Sáhara Occidental continúa inscrito en la lista de Territorios No Autónomos de Naciones Unidas y pendiente de descolonización. Las consecuencias de aquellas decisiones no pertenecen únicamente al pasado: siguen presentes en la política exterior española y en el debate jurídico actual.

Sin embargo, a diferencia del 23F, no ha existido hasta la fecha un proceso específico, sistemático y público de revisión y desclasificación de la documentación relativa a las decisiones adoptadas por el Estado español en 1975 y 1976 respecto al Sáhara Occidental.

No se trata de afirmar que determinados documentos estén “ocultos”, sino de constatar que no se ha impulsado una política activa de apertura comparable a la aplicada en otros ámbitos de la Transición. En cualquier proceso de esa magnitud debieron generarse actas del Consejo de Ministros, informes jurídicos internos sobre el referéndum previsto por Naciones Unidas, comunicaciones diplomáticas con Marruecos, Mauritania y organismos internacionales, evaluaciones de Defensa sobre la retirada y análisis de inteligencia sobre la situación regional. La cuestión no es su existencia —que resulta lógica en cualquier Estado— sino su grado de accesibilidad y revisión pública.

En los últimos años, el propio Gobierno ha anunciado una reforma del marco de secretos oficiales que contemplaba la revisión y eventual desclasificación de documentos anteriores a 1982, incluyendo aquellos relativos a la retirada española del Sáhara Occidental y a la llamada “Marcha Verde”. Aquella iniciativa fue presentada como un cambio histórico en la cultura de transparencia del Estado. Sin embargo, medio siglo después de los hechos y pese a esos anuncios, no existe todavía un proceso claramente identificado y sistemático de apertura documental específico sobre 1975-1976 que permita a investigadores y ciudadanía acceder de forma ordenada a esa documentación.

La transparencia histórica no es una cuestión de revancha ni de ajuste de cuentas. Es una exigencia democrática básica. Si el Estado considera que ha llegado el momento de abrir los archivos de 1981, resulta razonable plantear si ha llegado también el momento de revisar la documentación de 1975-1976, un periodo cuyas consecuencias jurídicas y políticas siguen vivas.

Además, la evolución hacia una cultura institucional más abierta no puede limitarse a episodios concretos, por relevantes que sean. Debe aplicarse con criterios coherentes y equilibrados. La retirada del Sáhara Occidental no fue solo una decisión política coyuntural; fue el cierre abrupto de un proceso de descolonización que Naciones Unidas consideraba en curso. Precisamente por eso, la apertura documental contribuiría a clarificar contextos, decisiones y márgenes de actuación de la época.

Reclamar la desclasificación no implica prejuzgar conclusiones. Implica reconocer que la ciudadanía tiene derecho a conocer con rigor cómo se adoptaron decisiones que marcaron la política exterior española y afectaron a miles de personas. Implica también asumir que la transparencia fortalece, no debilita, la credibilidad institucional.

Cincuenta años después, la pregunta no es si el pasado debe reabrirse, sino si puede comprenderse plenamente sin acceso a la documentación completa. La desclasificación del 23F ha demostrado que el tiempo no es un obstáculo insalvable. La cuestión ahora es si España está dispuesta a aplicar el mismo principio de transparencia a uno de los episodios más decisivos y controvertidos de su historia reciente.

La desclasificación del Sáhara no sería un gesto simbólico. Sería un acto de coherencia democrática.