El 29 de septiembre de 1977 puede parecer una fecha más en el calendario, pero acaba de adquirir una importancia muy concreta para miles de saharauis. La proposición de ley sobre concesión de nacionalidad española, ya en el Senado, utiliza precisamente ese día como límite para determinar quiénes pueden acogerse a la vía especial prevista en el texto.

La pregunta surge de forma inmediata: ¿por qué el 29 de septiembre de 1977 y no noviembre de 1975, cuando España aprobó la ley de descolonización del Sáhara, o febrero de 1976, cuando puso fin formalmente a su presencia en el territorio?

La respuesta está en una norma posterior y poco conocida. El Real Decreto 2258/1976, publicado en el BOE el 28 de septiembre de 1976 y en vigor desde el día siguiente, reconoció a determinados naturales del Sáhara la posibilidad de optar por la nacionalidad española. Esa opción podía ejercerse durante un plazo máximo de un año.

El decreto estaba dirigido a saharauis que dispusieran de determinada documentación española: quienes residían en territorio nacional con documentación general española, quienes poseían el DNI bilingüe expedido por las autoridades españolas, titulares de pasaporte español o personas incluidas en los registros de las representaciones españolas en el extranjero.

El plazo concedido por aquella norma explica por qué el 29 de septiembre vuelve ahora al centro del debate. La proposición que tramitan las Cortes establece que podrán acceder a la nacionalidad por carta de naturaleza los saharauis nacidos en el Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977, incluso aunque no residan legalmente en España. La proposición continúa ahora su recorrido parlamentario después de un debate en el que ya analizamos qué se ha dicho realmente en el Congreso sobre la nacionalidad saharaui.

La fecha, por tanto, no corresponde al final de la administración española del Sáhara Occidental ni señala un acontecimiento ocurrido ese día en el territorio. Su origen está en aquel periodo de opción abierto por España en 1976 para quienes entonces podían acreditar determinadas condiciones documentales.

La elección de esa fecha tampoco estuvo desde el principio en la proposición. Durante la tramitación parlamentaria se modificó el límite inicialmente previsto y se adoptó el 29 de septiembre de 1977, vinculándolo al marco creado por el Real Decreto de 1976.

Este detalle adquiere ahora una dimensión práctica. La futura ley no se limita a reconocer una relación histórica con España, sino que establece un corte temporal preciso. Haber nacido antes o después de esa fecha puede determinar el acceso a la vía excepcional de nacionalidad prevista por carta de naturaleza, aunque el texto contempla también derechos posteriores para descendientes directos de quienes obtengan la nacionalidad por este procedimiento.

La cuestión está directamente relacionada con otro aspecto que hemos abordado en NOTEOLVIDES: la importancia de los documentos españoles conservados por numerosas familias saharauis. Antiguos DNI, certificados de nacimiento, libros de familia, registros administrativos o documentación relacionada con el censo del referéndum pueden convertirse ahora en elementos decisivos para acreditar quién puede acogerse a la futura norma. También vuelve a cobrar relevancia el problema de los archivos. Ya contamos cómo los registros civiles del Sáhara Occidental fueron enviados a Madrid y por qué su localización resulta ahora especialmente importante.

También vuelve a cobrar relevancia el problema de los archivos. Parte de la documentación producida durante la administración española salió del territorio hace medio siglo y su localización, conservación y acceso pueden resultar fundamentales para quienes necesiten demostrar su nacimiento, identidad o vinculación administrativa con España.

La proposición aprobada por el Congreso el pasado 10 de septiembre continúa ahora su tramitación en el Senado. Todavía no es una ley vigente y su texto puede seguir siendo objeto de debate parlamentario, pero el 29 de septiembre de 1977 ya aparece como una de las fechas esenciales para comprender su alcance.

Casi cincuenta años después, una fecha nacida de una disposición española de 1976 vuelve a tener consecuencias directas sobre la vida de miles de saharauis. Y explica por qué, cuando hablamos de nacionalidad, los documentos y las fechas del final de la presencia española en el Sáhara Occidental no pertenecen únicamente al pasado.