En noviembre de 2025 se cumplirán cincuenta años de la ocupación ilegal del Sáhara Occidental. Medio siglo después de la invasión marroquí y de los ilegales Acuerdos de Madrid, el pueblo saharaui sigue esperando justicia y ejerciendo su derecho a la autodeterminación. Marruecos es culpable de la agresión militar, de los bombardeos con napalm y fósforo blanco contra civiles indefensos, de las desapariciones forzadas y de la política de colonización destinada a borrar la identidad saharaui. Pero España, potencia administradora reconocida por Naciones Unidas, continúa siendo responsable jurídica y políticamente de no haber completado el proceso de descolonización que la propia ONU le exigió en 1975.
Cincuenta años después, lo que debía ser una rápida transición hacia la independencia se ha convertido en un prolongado calvario. Han pasado cinco décadas de represión sistemática, saqueo de recursos naturales y campañas de propaganda destinadas a maquillar lo que el derecho internacional nunca ha reconocido: la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. En este tiempo, generaciones enteras de saharauis han crecido en los campamentos de Tinduf, en el desierto argelino, manteniendo en pie una sociedad organizada pese al exilio. Otros, en los territorios ocupados, resisten bajo vigilancia constante, sometidos a detenciones arbitrarias, torturas y persecución. La ocupación no solo es un hecho militar del pasado: es una realidad diaria que condiciona cada aspecto de la vida saharaui y perpetúa una injusticia que la ONU ha señalado reiteradamente en sus resoluciones.
El expolio de los recursos naturales es otra de las caras de estos cincuenta años. Marruecos ha explotado de manera ilegal los fosfatos de Bucraa, la pesca saharaui y más recientemente la energía solar y eólica en el territorio ocupado, contando con la complicidad de empresas extranjeras. La justicia europea, a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya ha dictaminado en varias ocasiones que ningún acuerdo comercial entre la UE y Marruecos puede aplicarse al Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui. Pese a ello, gobiernos y compañías han seguido mirando hacia otro lado, priorizando sus beneficios económicos frente a los derechos inalienables de un pueblo.
Cincuenta años de ocupación significan también cincuenta años de resistencia. El pueblo saharaui ha sobrevivido en el exilio, ha organizado un Estado —la República Árabe Saharaui Democrática— reconocido por más de 80 países y miembro fundador de la Unión Africana, y ha mantenido viva su causa en las instituciones internacionales. Ni los muros, ni las cárceles, ni la propaganda marroquí han logrado borrar su identidad ni su derecho. Pero la impunidad de Marruecos se explica en gran medida por la complicidad de España y por la hipocresía de una comunidad internacional que prefiere la estabilidad con Rabat y sus acuerdos estratégicos a la justicia para los saharauis.
Hoy, al recordar medio siglo de crímenes, ocupación e impunidad, es necesario afirmar con claridad lo que tantas veces se quiere ocultar: Marruecos es culpable de la invasión y de los crímenes cometidos contra el pueblo saharaui; España, responsable por haberla permitido y por seguir incumpliendo su obligación como potencia administradora. La historia no admite equidistancias ni silencios: sin verdad, justicia y autodeterminación, no habrá paz en el Sáhara Occidental.
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