Comenzó este viernes en la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid (Madrid) la conferencia «Jornadas de formación para Jóvenes sobre el Polisario«. El evento está organizado por la LEJSEE, una organización de masa del Frente Polisario.A este importante evento asiste una amplia delegación saharaui encabezada por la delegada del Frente Polisario en España, Jira Bulahi, el representante saharaui en Francia, Oubi Buchraya Bachir, Haddamin Molud Saíd, delegado adjunto en Suiza y el delegado del Frente Polisario en la comunidad autónoma de Madrid.

En la tarde del segundo día de la conferencia «Jornadas de formación para Jóvenes sobre el Frente Polisario», se dedicó a la última sentencia del Tribunal de justicia europeo (TJUE) de 2015 y una larga discusión sobre la aplicación del derecho internacional en el Sáhara Occidental. Pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en el asunto C-104/16 que el Sáhara Occidental no forma parte del territorio soberano de Marruecos y que los Acuerdos de Asociación y de Liberalización celebrados entre la Unión Europea y Marruecos no pueden aplicarse al Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui. Dicha sentencia se fundamenta en los principios de libre determinación y de efecto relativo de los tratados.

El Sáhara Occidental es un tema de descolonización que no sólo afecta a la región del Maghreb. Hay muchos países pendientes de cuanto sucede en este conflicto por los daños colaterales que puede suponer.

En su intervención el destacado jurista saharaui, Haddamin Moulud Said, actual delegado adjunto del Frente Polisario en Suiza, abordó la cuestión del derecho internacional repasando las 45 resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 49 informes de distintos secretarios generales de la ONU y la situación del pueblo saharaui desde la ocupación desde 1975.

A finales de 1975, la Marcha Verde es anunciada por el entonces rey de Marruecos, Hasan II, al mismo tiempo que el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU rechaza las pretensiones de Maruecos sobre ese territorio. El jurista saharaui analizó de cerca esa compleja operación que condujo a la ocupación, exilio y una guerra cruel que duró 16 años. «El 31 de octubre de 1975, el entonces rey de España, Juan Carlos, se hace cargo de la jefatura del Estado español. Mostrándose muy preocupado por la situación en el Sahara, pues tiene muy presente el caso portugués. No quiere que la situación le desborde», recalca Haddamin ese dato. Y añade «Aun así, España abandonó el territorio en manos de Marruecos y Mauritania obligando al pueblo saharaui a refugiarse en el desierto argelino donde permanece hasta ahora».

 
«El derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación es inalienable e irrefutable. Han pasado ya más de 40 años, y aunque parezca mentira, los saharauis están más cerca de ver una solución que hace 20 años», afirma.Haddamin ha recordado a los asistentes que el Sáhara Occidental es uno de los 17 integrantes de la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas bajo supervisión de su Comité Especial de Descolonización. «Marruecos reclama su soberanía, pero esta soberanía no la reconocen ni la ONU ni ningún país del mundo», aseguró Said.

«Veamos (…). Tras el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, dependiente de la ONU, que negó derechos de soberanía de Marruecos y Mauritania sobre el Sáhara Occidental, el régimen marroquí, no conforme y tergiversando el dictamen, anunció y ejecutó la invasión militar del territorio con la llamada Marcha Verde», continuó.

«El Gobierno español, entonces aliado de Kissinger, decidió proponer el llamado Acuerdo Tripartito de Madrid, firmado el 14/11/1975. Por este acuerdo, España llevó a cabo la liquidación efectiva de su administración en dicho territorio mediante la transferencia ilegal de una administración temporal tripartita a favor de Marruecos y Mauritania», denunció el jurista saharaui.

Cabe destacar que en este acuerdo no se transmitió la soberanía sobre el Sáhara Occidental ni se confirió a ninguno de los tres signatarios la condición de potencia administradora, condición que España, por sí sola, no podía transferir unilateralmente, ya que, añade Haddamin, «una potencia administradora no puede abandonar unilateralmente sus responsabilidades en un territorio no autónomo y sólo puede hacerlo en concurso con NNUU».

«El abandono del Sáhara por parte de España es nulo, por lo que, según la ONU, España sigue siendo su potencia administradora y responsable». Precisamente por eso, España debe exigir que se materialice ya un referéndum de autodeterminación del territorio, condenando cualquier atentado al bienestar de una población sobre la que la Carta de las Naciones Unidas le hace responsable», concluyó el jurista saharaui.

Ha de destacar que la postura actual de España es muy hostil para el pueblo saharaui. Como potencia administradora del Sáhara Occidental está obligada a implicarse a fondo en la búsqueda de una solución aceptable para el pueblo saharaui. Es su responsabilidad y la forma de reparar la injusticia y la chapuza que cometió con el reparto del territorio y su abandono.