El Gobierno de Canarias va a tratar de impulsar modificaciones legislativas para procurar que no se consolide la doctrina judicial dictada por el Tribunal Supremo en la sentencia en la que niega el derecho a la nacionalidad española de origen a los saharauis nacidos antes de 1975.
El consejero de Administraciones Públicas canario, Julio Pérez (PSOE), ha hecho este anuncio durante una comparecencia en comisión parlamentaria, después de que el diputado regional de Sí Podemos Francisco Déniz vinculara la sentencia del Supremo con «el ascenso del populismo conservador en la Justicia».
Pérez no ha entrado en consideraciones sobre el contenido de la sentencia, aunque sí ha mostrado su «sorpresa» y ha confiado en que el Estado adoptará alguna solución para que «esto se corrija».
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