Siguiendo instrucciones de mis Autoridades, tengo el honor de compartir la posición del Frente POLISARIO en relación con las afirmaciones contenidas en las comunicaciones distribuidas recientemente por la misión permanente de Marruecos ante las Naciones Unidas y difundidas por los medios de comunicación marroquíes.
Los siguientes hechos probados pretenden aclarar las cosas y desvelar las afirmaciones infundadas de la misión permanente de Marruecos ante las Naciones Unidas y ante los medios de comunicación estatales sobre el nombramiento del Enviado Personal del Secretario General para el Sáhara Occidental (PESG), la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado y otras cuestiones.
– Dr. Sidi M. Omar. – Representante del POLISARIO en Naciones Unidas.
l. El incumplimiento documentado por parte de Marruecos del alto el fuego de 1991 y del Acuerdo Militar nº 1 de 1997-8 desmiente su negación del conflicto armado en curso.
Desde el 13 de noviembre de 2020, tras su incumplimiento documentado del alto el fuego de 1991 y del Acuerdo Militar (Acuerdo Militar Nº 1 de 1997-8), el Estado ocupante marroquí sigue afirmando que no ha estallado ningún conflicto armado en el Sáhara Occidental. Mientras persiste en su estado de negación, el Estado ocupante marroquí también sigue haciendo gala del compromiso de un alto el fuego y un proceso de paz que el mismo ha torpedeado.
Es un hecho innegable que, en flagrante violación del alto el fuego de 1991 y del Acuerdo Militar no. 1 de 1997-8, a principios del 13 de noviembre de 2020, las fuerzas de ocupación marroquíes entraron en la franja de protección y atacaron a un grupo de civiles saharauis que protestaban pacíficamente en El Guerguerat, en el Territorio Liberado Saharaui. El Estado ocupante admitió inmediatamente que sus fuerzas habían llevado a cabo una «operación» en la zona ese mismo día. Firmado entre la MINURSO y el Frente POLISARIO el 24 de diciembre de 1997 y entre MINURSO y Marruecos el 22 de enero de 1998, el Acuerdo Militar nº 1 establece una Franja de ancho al sur y al este del muro militar marroquí (2), donde la entrada de las tropas o el equipo de ambas partes no es posible, por tierra o aire, y el intercambio de fuego en o sobre esta zona está prohibido en todo momento y constituye una violación (3 .1 ). También es un hecho indiscutible corroborado por la MINURSO que, tras su incursión en la Franja de Protección, las fuerzas de ocupación marroquíes construyeron un nuevo «muro de arena» y colocaron nuevas minas.
La violación del Acuerdo Militar Nº 1, prohíbe la construcción de nuevos muros de arena, piedra y hormigón, así como la colocación de minas (3.2.1 ). La incursión de las fuerzas armadas de de ocupación marroquíes en la Franja de Protección de El Guerguerat a principios del 13 de noviembre de 2020 y su construcción de un nuevo «muro de arena» minado es, por tanto, una violación del alto el fuego de 1991 y del Acuerdo Militar Nº I de 1997-8.
Además, el incumplimiento por parte de Marruecos de los términos del Acuerdo Militar nº 1 constituye una flagrante violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad, incluida la resolución 2548 (2020) que reafirma «la necesidad de respetar plenamente los acuerdos militares alcanzados con la MINURSO en relación con el alto el fuego» y pidió «a las partes que se adhieran plenamente a esos acuerdos» y «se abstengan de cualquier acción que pueda socavar las negociaciones facilitadas por la ONU o desestabilizar aún más la situación en el Sáhara Occidental» (S/RES/2548 (2020); OP 6).
Las Naciones Unidas (A/75/740 del 11 de febrero de 2021; párrafo 13) reconocieron »la reanudación de hostilidades» en el Sáhara Occidental y las «varias nuevas amenazas relacionadas con el conflicto armado», pero no se pronuncia sobre la parte responsable de la ruptura del alto el fuego. Sin embargo, su reconocimiento de la reanudación de las hostilidades supone un golpe contundente a la afirmación, tantas veces repetida, del Estado ocupante marroquí de que no se ha producido ningún conflicto armado en el Sáhara Occidental desde el 13 de noviembre de 2020. El hecho de que el Consejo de Seguridad no asuma su responsabilidad a este respecto, envía, lamentablemente el peligroso mensaje de que el Estado ocupante marroquí podría violar su compromiso de el alto el fuego y seguir impune. Las graves consecuencias de esta actitud complaciente son fáciles de predecir porque no solo socava las perspectivas de relanzar el proceso de paz sino que también deja la puerta abierta a la escalada del conflicto armado en curso.
2. La obstrucción deliberada de Marruecos a los esfuerzos para nombrar un nuevo Enviado Personal del Secretario General para el Sáhara Occidental (PESG) revela mucho sobre sus verdaderas intenciones.
Tras frustrar los esfuerzos del presidente Horst Köhler, que dimitió en mayo de 2019, con el objetivo de mantener el statu quo, el Estado ocupante marroquí se propuso frustrar todos los posteriores esfuerzos para nombrar un nuevo Enviado Personal del Secretario General para el Sáhara Occidental (PESG).
No es ningún secreto que Marruecos no solo ha vetado a varios candidatos para el puesto de PESG. También ha tratado de influir en el proceso mediante una serie de condiciones previas que excluyen abusivamente a los nacionales de un grupo de Estados miembros de la ONU (entre ellos Australia, Alemania, Países Bajos, Países escandinavos, Suiza, entre otros) de ser considerados para el puesto de PESG. Estas condiciones previas, que limitan indebidamente el conjunto de posibles candidatos, han hecho evidentemente dificultar aún más el nombramiento de un nuevo PESG para el Sáhara Occidental.
Como informó la agencia de noticias marroquí (MAP) el 19 de abril de 2021, el embajador del Estado ocupante marroquí ante la ONU dirigió una carta a los miembros del Consejo de Seguridad en la que señalaba que Marruecos »aceptó rápidamente» dos propuestas del Secretario General para el nombramiento de dos candidatos que fueron mencionados por su nombre.» El hecho es que la carta que se publica omite que el primer candidato fue invitado por las autoridades de ocupación marroquíes a un evento celebrado en la ciudad ocupada de Dajla, en el Sáhara Occidental, en marzo de 2018 con el objetivo de promover la ocupación ilegal de Marruecos del territorio saharaui. Además, según informan los medios de comunicación marroquíes, en abril de 2007 el segundo candidato fue citado expresando oficialmente su preferencia por la «propuesta de autonomía» de Marruecos.
Este tipo de declaraciones y conductas suscitan evidentemente una legítima preocupación sobre la capacidad de las dos personas en cuestión para asumir con plena neutralidad el papel de Enviado Personal del Secretario General para el Sáhara Occidental, y para ganarse la confianza, ya rota, del pueblo del Sáhara Occidental en el proceso de paz de la ONU, especialmente en las circunstancias actuales.
Aunque el Estado ocupante marroquí sigue hablando de boquilla sobre el proceso de paz de la ONU, es evidente que no tiene ninguna voluntad política de participar en un proceso genuino y creíble. Su objetivo es simplemente mantener el statu quo mientras intenta tener unilateralmente un Enviado Personal «a medida» que sirva a su agenda, lo cual es totalmente inaceptable.
El Frente POLISARIO subraya que el nombramiento de un nuevo PESG para el Sáhara Occidental no es un fin en sí mismo. Debe ser un medio para facilitar un proceso de paz sólido, creíble y con plazos de paz que conduzca al ejercicio libre y democrático del pueblo saharaui de su derecho inalienable a la autodeterminación e independencia. Con este fin, el Frente POLISARIO subraya además que la imparcialidad, la independencia, la competencia y la integridad son indispensables para que cualquier futuro PESG para el Sáhara Occidental pueda restablecer la confianza en el proceso de paz y tenga éxito en su misión.
3. Marruecos persiste en sus graves violaciones de los derechos humanos en el Sáhara Sáhara Occidental ocupado, y sus acusaciones infundadas no resisten al escrutinio.
El 25 de febrero de 2021, la agencia de noticias marroquí (MAP) informó de que Marruecos había alertado al Secretario General de la ONU y al Consejo de Seguridad sobre las »violaciones de los derechos humanos» en los campamentos de refugiados saharauis y el «continuo desvío de la ayuda humanitaria», así como el «recurso al reclutamiento obligatorio de niños». Como parte de su mendaz propaganda, el Estado ocupante marroquí lleva mucho tiempo difundiendo este tipo de acusaciones absurdas sin presentar una sola prueba de ninguna fuente creíble e independiente. A falta de pruebas, a menudo recurre al uso de fotos retocadas e imágenes tomadas en diferentes regiones en conflicto para apoyar sus afirmaciones sobre el reclutamiento de niños saharauis.
Varias agencias de las Naciones Unidas, de la Unión Europea (UE) e internacionales han estado presentes en los campamentos de refugiados saharauis desde hace décadas, y ninguno de ellos ha respaldado nunca las afirmaciones marroquíes. Hay muchas pruebas que refutan las mencionadas afirmaciones del Estado ocupante marroquí. Sin embargo, basta con referirse a una declaración emitida nada menos que por la Unión Europea (UE), que es uno de los donantes presentes en los campamentos de refugiados saharauis.
En la respuesta (ENE-004803/2020) dada el 18 de noviembre de 2020 por el Sr. Lenarëiõ en nombre de la Comisión Europea, señaló que «la Comisión no tiene conocimiento de un mal uso de ayuda humanitaria proporcionada a los refugiados saharauis». En cuanto al supuesto reclutamiento de niños saharauis, aclaró que «la Comisión no tiene conocimiento de un supuesto trabajo infantil o reclutamiento forzoso en los campamentos saharauis». La respuesta de la UE habla por sí misma y no necesita más comentarios.
En lugar de hacer afirmaciones infundadas sobre los niños saharauis, el mencionado agente de la ocupación marroquí debería haberse preocupado por la situación de los niños de su propio país que son explotados »para el trabajo doméstico, la mendicidad y el tráfico sexual» y donde «algunos extranjeros, principalmente de Europa y Oriente Medio, se dedican al turismo sexual infantil en las principales ciudades marroquíes», según el Informe sobre la Trata de Personas (Informe TIP, p. 360) de junio de 2020, publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
En cuanto a las denuncias de derechos humanos, el Estado ocupante marroquí es el menos cualificado para hablar de los derechos humanos y las libertades fundamentales, teniendo en cuenta su propio y bien documentado historial de derechos humanos y su régimen político inherentemente represivo y autocrático.
En este contexto, basta con referirse al auto dictado el 9 de abril de 2015 por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, en el que imputó a 11 altos cargos marroquíes por delitos de genocidio en Sáhara Occidental basándose en el hecho probado de que desde 1975 hasta 1991 se produjo «un genocidio sistemático contra la población civil saharaui por parte de las fuerzas militares y policiales marroquíes marroquíes.»
Además, los informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, e incluso el »suprimido» informe de la Misión del ACNUDH en el Sáhara Occidental y en los campamentos de refugiados de 2004, entre otros, dan cuenta de los horrores indecibles cometidos por el ocupante marroquí contra los civiles saharauis, incluidos los niños, en el Sáhara Occidental ocupado. Los hechos expuestos no solo han desvelado las infundadas afirmaciones del Estado ocupante marroquí sobre el alto el fuego de 1991, el nombramiento del Enviado Personal del Secretario General para el Sáhara Occidental (PESG), la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado y otras cuestiones relacionadas, también han demostrado hasta qué punto puede llegar el Estado ocupante a distorsionar y mentir acerca de la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado y temas relacionados para engañar a las Naciones Unidas y la comunidad internacional sobre la cuestión del Sáhara Occidental.
– Dr. Sidi M. Omar. – Representante del POLISARIO en Naciones Unidas.
Origen: ? Comunicado oficial del Frente Polisario.