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La cuestión del Sáhara como telón de fondo
España firmó en 1975 un acuerdo en el que anunciaba el fin de su presencia en territorio saharaui, pero tras la invasión de Marruecos y Mauritania las Naciones Unidas dictaminaron que a ninguno de los dos países les correspondía la soberanía. Todavía hoy Madrid es responsable de su descolonización, aunque de facto el control de buena parte de sus recursos lo está ejerciendo la monarquía alauita desde la ocupación del rey Hassan II.
Se ha convertido en una práctica habitual de la Unión Europea la importación de pescado marroquí que es transportado en camiones desde los caladeros saharauis hasta Gibraltar, incumpliéndose la normativa jurídica sobre la explotación de aguas todavía pendientes de descolonización. El Frente Polisario interpuso en 2019 una demanda contra el acuerdo pesquero con Marruecos y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es inminente. El litigio no es el primero, hace tres años que el poder judicial de Luxemburgo dictó que quedaban excluidas del acuerdo las aguas adyacentes al Sáhara Occidental, pero consideró a los colonos rifeños como una asociación autóctona igual al pueblo saharaui. Ahora una resolución que condenara la injerencia marroquí y aceptara el control del Polisario sobre sus recursos agrícolas y pesqueros significaría un duro revés para el país vecino que tiene en la Unión Europea su principal socio comercial.
Con el Brexit, Mohamed VI vio en Londres un aliado con quien enfrentar las amenazas europeas y cuando Alemania cuestionó que Donald Trump pudiera decidir sobre la soberanía saharaui se suspendieron las relaciones con Berlín
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