En los últimos meses, el contencioso saharaui se ha convertido en un problema para el Gobierno español, cuyos socios de coalición mantienen posturas enfrentadas. El ministro de Exteriores, Albares, busca normalizar las relaciones con Marruecos. La próxima sentencia europea sobre los recursos del Sáhara puede ser un nuevo foco de tensión.
El conflicto del Sáhara puede volver a tensionar al Gobierno de coalición y las relaciones con Marruecos.
— Público (@publico_es) August 14, 2021
Por @JDSato https://t.co/onuiQLIbUC
Cuando el pasado 19 de junio miles de personas abarrotaron la madrileña Puerta del Sol reclamando al Gobierno español responsabilidad con respecto al Sáhara Occidental, la mayoría de medios de comunicación miró hacia otro lado. Tras semanas saturando información acerca de la crisis de España con Marruecos, aquel día se silenció, salvo desde Público y alguna excepción más, una protesta que era la culminación de unas marchas que habían recorrido toda España hasta llegar a Madrid.
Tres semanas después, Pedro Sánchez anunciaba una esperada crisis de Gobierno. Y entre otros cambios, prescindía de la titular de Exteriores, Arancha González Laya, para dejar paso en el Palacio de Santa Cruz a José Manuel Albares, nuevo jefe de la diplomacia española. A González Laya se le había reprochado pasividad en la crisis poliédrica que se evidenció con Marruecos en mayo, cuando el régimen alauí facilitó que miles de personas cruzaran la frontera de Ceuta a nado, entre ellas centenares de menores, arriesgando sus vidas, una forma de presionar al Estado español por su postura sobre el Sáhara Occidental. Un chantaje que pronto obtuvo la condena del Gobierno español y también de las instituciones europeas.
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