Pienso que es difícil no estar de acuerdo con la idea de que es tarea de ciudadanos, estados, instituciones públicas e incluso empresas privadas, contribuir a la mejora de las condiciones de vida y a la solución de los problemas que provoca el éxodo constante y trágico de refugiados en numerosos puntos del planeta. Considero que se trata de una cuestión de justicia y derechos humanos que debería ir más allá de cualquier ideología política.

En el caso de España la cuestión de la responsabilidad se intensifica cuando ponemos la vista en los refugiados saharauis. Hay una población estimada de 150.000 refugiados en los campamentos de Tinduf (Argelia), así como varios cientos de miles de personas, también saharauis, que viven en el Sahara Occidental, ocupado ilegalmente por Marruecos, y donde la inobservancia de los derechos humanos es un hecho constatado y demostrado.

Creo también que es necesario decir que la situación de estas personas es, en gran parte, responsabilidad de nuestro país, por no haber llevado a cabo un proceso de descolonización adecuado. Y que lo que resulta aún más vergonzoso es que sigan pasando los años y España siga sumida en el silencio; sobre todo teniendo en cuenta que es todavía la potencia administradora del Sáhara Occidental.

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