- El Movimiento por los Presos Políticos Saharauis reprocha al presidente del Gobierno y al ministro de Asuntos Exteriores que defiendan los Derechos Humanos y no denuncien su violación en el Sáhara Occidental.
- Un informe de CODESA documenta los atropellos que sufren los presos políticos saharauis en cárceles marroquíes, infringiendo la IV Convención de Ginebra.
Contramutis.-
El Movimiento por los Presos Políticos Saharauis (MPPS) ha planteado al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel Albares, que la defensa de los Derechos Humanos de la que tanto hace gala no es compatible con el apoyo del Gobierno de España a la ocupación del Sáhara Occidental por Marruecos.
Coincidiendo con la concentración del 12 de diciembre ante la sede del Ministerio de Exteriores en la plaza de la Provincia, en Madrid, como todos los lunes desde hace más de veinte meses, para pedir la libertad de los presos saharauis, el MPPS entregó una carta para el ministro en la que le da cuenta del último informe del Colectivo de Defensores Saharauis de Derechos Humanos (CODESA).
El informe detalla los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por el ocupante marroquí contra civiles saharauis: ejecuciones extrajudiciales, violaciones a la integridad física, secuestros y detenciones arbitrarias, asedios a las casas, violaciones a la libertad de expresión y de asamblea y restricción a la libertad de movimientos.
Cita los millones de minas antipersona distribuidas a los largo del muro marroquí de más de 2700 kilómetros que divide el Sáhara Occidental, que han causado más de 600 víctimas mortales de civiles saharauis y cientos de heridos, además de la amenaza que suponen el ganado, los vehículos y el medio ambiente.
Tras hacer referencia al expolio de los recursos naturales de los saharauis, CODESA incide en que la MINURSO, Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental presente en el territorio desde 1991, no cumple el fin para el que fue creada, el referéndum de autodeterminación, además de carecer de un mandato sobre Derechos Humanos por lo que no protege a los civiles saharauis de los crímenes del Estado marroquí.
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