El régimen marroquí sigue aplastando los derechos humanos con la condena en los tribunales de quienes ejercitan la libertad de expresión; la persecución de los activistas saharauis; y la impunidad en las sucesivas masacres de inmigrantes en la frontera con España. Así lo denuncia Amnistía Internacional en su informe anual La situación de los derechos humanos en el mundo, publicado este miércoles.

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Represión en el Sáhara Occidental

Amnistía también cuenta entre los abusos la represión esporádica de la disidencia en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. El aparato policial impidió el derecho de reunión pacífica en la ex colonia española. “Entre el 4 de mayo y el 20 de junio la policía vigiló en El Aaiún, ciudad del norte del Sáhara Occidental, el domicilio de la activista saharaui Mahfouda Lefkir a raíz de que ésta hubiera viajado a Dajla, en el sur del Sáhara Occidental, para solidarizarse con activistas de esta ciudad”, apunta la organización. “Agentes encargados de hacer cumplir la ley la siguieron cada vez que salía de su casa, abordaron y golpearon delante de la vivienda a activistas que iban a visitarla, e insultaron a su familia y a ella”, relata Amnistía.

El 14 de mayo las autoridades expulsaron sin garantías procesales de El Aaiún a Agadir —ciudad costera del sur del país— al ciudadano italiano Roberto Cantoni, investigador que estudiaba el uso de energías renovables en Marruecos y el Sáhara Occidental. El 4 de septiembre, primer día de la primera visita al territorio de Staffan De Mistura, enviado personal del Secretario General de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, los agentes marroquíes dispersaron por la fuerza una protesta pacífica en El Aaiún. “Agredieron física y verbalmente al menos a 23 manifestantes saharauis, entre quienes figuraban dos mujeres —Salha Boutenkiza y Mahfouda Lefkir— y Bouchri Ben Taleb. Arrastraron por el suelo a las personas que se manifestaban y las golpearon y amenazaron”.

Apenas tres días después, otros agentes marroquíes detuvieron arbitrariamente en Dajla al menos a 4 activistas saharauis —entre ellos Hassan Zerouali y Rachid Sghayer— y los retuvieron en la comisaría de policía de Oum Bir durante 7 horas, lo que les impidió reunirse con Staffan De Mistura. El 21 de octubre el aparato policial impidió que la organización saharaui de derechos humanos CODESA (Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos) celebrara su primer congreso nacional en El Aaiún. Las fuerzas del orden emplearon violencia física contra los participantes. Las autoridades mantuvieron, además, el cierre físico de la sede de la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos Cometidas por el Estado Marroquí en El Aaiún, impuesto en 2022.

Amnistía también documentó durante el año pasado denuncias de tortura o malos tratos contra opositores a la monarquía.  El 18 de abril en El Aaiún agentes detuvieron durante 90 minutos a Abd El Tawab El Terkzi a raíz de que éste hubiera aparecido en un vídeo de un turista español diciendo que se sentía orgulloso de ser saharaui y estaba a favor de la autodeterminación de su pueblo. Los agentes lo sometieron a tortura y otros malos tratos, consistentes en esposarlo, abofetearlo, escupirle y amenazar con violarlo y matarlo con ácido. A fecha de mayo de 2023, se había negado el derecho a leer y escribir en prisión al menos a 5 personas, a saber: Rida Benotmane, escritor y miembro de la Asociación Marroquí por la Defensa de los Derechos Humanos; Mohamed Ziane, de 80 años, abogado de derechos humanos y personalidad académica, y los periodistas Taoufik Bouachrine, Omar Radi y Soulaiman Raissouni.

En febrero, asimismo, Marruecos devolvió a su país sin el debido proceso al ciudadano saudí Hassan Al Rabea, que corría peligro de sufrir allí tortura y otras violaciones de derechos humanos. Agentes de seguridad marroquíes lo habían detenido el 14 de enero en el aeropuerto de Marrakech a petición de Arabia Saudí, que lo acusaba de delitos de terrorismo.

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