El 24 de junio de 2022 tuvo lugar la masacre más mortífera registrada hasta la fecha en una frontera terrestre de la Unión Europea. Dos años después, ningún cargo policial ni político ha asumido responsabilidades por unos hechos que llevaron a la muerte a decenas de personas que huían de la guerra y aspiraban a obtener protección en España. Marruecos no realizó ninguna investigación independiente y dijo que murieron un total de 23 migrantes. Varias organizaciones elevan la cifra a entre 37 y más de 100 fallecidos. Al menos 77 familias siguen sin saber dónde están sus hijos, según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos. No saben siquiera si están vivos o muertos.

Tres fuentes del Estado involucradas de forma directa en la respuesta y gestión de aquella crisis acceden a hablar con Público y la Fundación porCausa sobre cómo vivieron y reaccionaron aquel 24 de junio. La primera fuente es un oficial del CNI entre cuyas competencias está Melilla. La segunda fuente es un responsable del Ministerio del Interior que tuvo un papel clave en la toma de decisiones aquel día y los posteriores. La tercera es un mando de la Guardia Civil con varios años de experiencia en la Comandancia de Melilla. Las tres fuentes piden anonimato por seguridad y para evitar represalias.

La información que desvelan indica que la masacre fue resultado de un «error de cálculo» de las autoridades marroquíes: según su relato, la intención de Marruecos era demostrar su fuerza para controlar la frontera cuando la relación bilateral con España es buena. Una reciente investigación de Border Forensics y Centre Irídia apunta en el mismo sentido. La masacre tuvo lugar un año después de que Madrid y Rabat rompieran relaciones coincidiendo con otro momento histórico para la frontera sur: la crisis de Ceuta del 17 de mayo de 2021, en la que en cuestión de horas las fuerzas marroquíes promovieron y facilitaron la entrada irregular de más de 10.000 personas en esa ciudad autónoma. Aquella decisión fue adoptada por el rey Mohamed VI, según un informe secreto del CNI, elaborado el 18 de mayo y titulado «Marruecos. Relaciones con España. Situación tras la acogida de Brahim Ghali». El documento afirma que Rabat generó la crisis migratoria de Ceuta en venganza por el ingreso del líder del Polisario en un hospital de Logroño (La Rioja).

«Un error de inteligencia»

Aquel 24 de junio, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, arrancó la jornada creyendo que sería un día tranquilo. En su agenda pública solo constaba una visita al Centro Universitario de la Guardia Civil. El CNI llevaba tres días informando de acciones hostiles de las fuerzas marroquíes en el monte Gurugú contra unas 1.700 personas que permanecían escondidas allí. La Guardia Civil estaba preparada para un salto inminente, pero los responsables de Interior no dieron más importancia a esos movimientos ni activaron ninguna alarma. Pensaron que se trataría de un intento de salto más, sin nada de especial, porque, según la fuente de Interior, el CNI cometió el error de no informar de que la mayoría de los migrantes procedían de Sudán. El Ministerio de Defensa, del que depende el servicio de inteligencia español, evita responder al respecto.

El CNI llevaba tres días informando de acciones hostiles de las fuerzas marroquíes en el monte Gurugú contra unas 1.700 personas

«Marruecos estaba deseando mostrarle a España que desde lo del Sáhara, mano dura y no pasa ni un alma. Pero cometieron un error: aplicaron la estrategia habitual que usan contra senegaleses, guineanos o malienses», explica la fuente de Interior. La fuente del CNI comparte el mismo relato sobre cómo los marroquíes hostigaron a los migrantes durante días, quitándoles el arroz con el que se alimentaban y el agua, pero la fuente de Interior responsabiliza al CNI por lo que califica como «un error de inteligencia»: «Esas nacionalidades (senegaleses, malienses…) normalmente se rinden, se dispersan y se van al sur», explica la fuente de Interior, «pero estos eran sudaneses con el culo pelado». La fuente de Interior asegura que algunos sudaneses tenían experiencia previa en combate. En posteriores reuniones para intercambiar inteligencia, tanto España como Marruecos identificaron al supuesto cabecilla del grupo, un hombre sudanés con experiencia militar en su país y como mercenario en Libia, apodado El General, y a varios de sus lugartenientes. Ni El General ni sus lugartenientes participaron en el intento de salto a la valla del 24 de junio, según las fuentes de Interior y el CNI, pero sí «estuvieron en el Gurugú organizando y repartiendo roles».

La primera información que recibió el ministro llegó un poco antes de las 8 de la mañana. Sabrina Moh Abdelkader, delegada del Gobierno en Melilla, avisó a la Secretaría de Estado de Seguridad de que «están acercándose», en referencia al grupo de migrantes que descendía desde el monte Gurugú. De ahí la información llegó «por un cauce más ágil» a manos del ministro directamente. En paralelo, pero por una vía diferente, un capitán responsable de Información de la Comandancia de la Guardia Civil en Melilla transmitió la misma advertencia a sus superiores en Madrid. Marlaska trató de dimensionar la magnitud de los hechos, pero no activó la «alarma roja» en un primer momento. En las primeras horas, Interior tampoco informó a la Moncloa de lo que estaba pasando.

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