Mahfouda Lefkir es una activista por los derechos de la población saharaui que vive El Aaiún, la capital del territorio del Sahara Occidental, pendiente de descolonización. Ha pasado por distintas etapas de detención, encarcelamiento y por un continuo hostigamiento de las autoridades marroquíes que controlan la mayor parte del territorio. Según recoge el informe anual de Amnistía Internacional, entre el 4 de mayo y el 20 de junio de 2023, fue sometida a vigilancia y seguimientos diarios por las fuerzas de seguridad marroquíes, que, además, abordaron y golpearon a las personas que iban a visitarla a su domicilio. No es el primer episodio de esta naturaleza que padece. El prestigio de Lefkir va en aumento, como resistente al sistema establecido por Marruecos de represión y sojuzgamiento de la población saharaui, y, de este modo, se pretende evitar que se reproduzcan ejemplos individuales de rebeldía que susciten la solidaridad internacional y llamen la atención sobre la crisis permanente de derechos humanos que se vive en la que fuera colonia española.

Lefkir fue también objeto de agresión, junto con otros 23 saharauis, el 4 de septiembre de 2023. Les arrastraron por el suelo, golpearon y amenazaron cuando se manifestaban con motivo de la visita de Staffan De Mistura, enviado especial del Secretario General de las Naciones Unidas para el Sahara Occidental. Precisamente para tratar de sofocar la visibilización del conflicto, la acción represiva de Marruecos puso de manifiesto su pervivencia y las formas violentas que utiliza frente a la población saharaui. Junto a Lefkir, se encontraba Sahla Boutenkiza, que ha desarrollado su actividad principalmente divulgando crónicas sobre las movilizaciones de los saharauis, para romper el bloqueo informativo, y que, por ello, ha recibido agresiones policiales, detenciones, vigilancia, e interceptación y revelación de sus comunicaciones privadas. La respuesta a su defensa de la libertad de los saharauis para manifestarse, y a su trabajo en documentar las protestas, ha sido la violencia y el recordatorio de que las fuerzas marroquíes pueden impunemente hacer lo que deseen con ella. El desinterés de la comunidad internacional por proteger los derechos de la población saharaui en su propio territorio así lo permite, pues ni siquiera se ha conseguido que la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental pueda incluir en su mandato la observación de la situación de los derechos humanos. Lo que se suma al perenne estancamiento en el cumplimiento de su propio cometido original, pues permanece en el limbo la celebración del referéndum para el ejercicio por el pueblo saharaui de su derecho de libre determinación al amparo de la legalidad internacional.

Mohamed Lamin Haddi es uno de los presos saharauis del grupo de Gdeim Izik. Fue condenado a 25 años de prisión, en un juicio carente de garantías procesales, por cargos de participación en «organización criminal» y actos de violencia contra la fuerza pública, en el contexto del brutal desalojo del campamento (8 de noviembre de 2010), que se había organizado en las afueras de El Aaiún para protestar por las condiciones socioeconómicas del pueblo saharaui. Ha pasado por las prisiones de Tiflet y Kenitra, siendo sometido a largos periodos de aislamiento en los que se le ha privado de la posibilidad de salida alguna de celda, impidiéndole acceder a medicamentos y sin otorgarle tratamiento sanitario ante sus dolencias. Su abogada describió su celda en Tiflet como «una estancia pequeña, de dos metros cuadrados, sin ventana, grifo, ni retrete», vulnerándose las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y poniendo en serio peligro su salud.

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