En noviembre de 1975, España dejó atrás sus responsabilidades como potencia administradora del Sáhara Occidental, entregando el territorio a Marruecos y Mauritania bajo los Acuerdos de Madrid. Desde entonces, el pueblo saharaui ha vivido bajo la ocupación marroquí, enfrentándose a un prolongado conflicto que ha sido condenado repetidamente por las Naciones Unidas, pero que no ha generado sanciones internacionales ni medidas de presión efectivas. Este abandono, que cumple ahora medio siglo, se mantiene como una herida abierta en la historia de España y en el derecho internacional.
La ocupación de régimen marroquí del Sáhara Occidental ha sido comparada en algunos círculos con la invasión rusa de Ucrania, que desencadenó una respuesta unánime de la comunidad internacional. Mientras que Moscú ha enfrentado sanciones económicas y políticas contundentes, Rabat ha logrado sortear medidas similares, incluso cuando el Consejo de Seguridad de la ONU reafirma cada año el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Esta asimetría en las reacciones plantea interrogantes sobre los intereses geopolíticos que influyen en las decisiones internacionales.
El papel de España en esta situación sigue siendo polémico, las resoluciones de la ONU insisten en que España tiene obligaciones pendientes, al ser la potencia administradora del territorio. Sin embargo, en lugar de asumir un rol activo en la solución del conflicto, España ha adoptado una postura que algunos califican de complaciente hacia Marruecos, marcada por concesiones políticas y comerciales. Este enfoque contrasta con la firmeza con que Europa y Estados Unidos han reaccionado ante otras ocupaciones en el escenario internacional.
En el Sáhara Occidental, mientras tanto, el sufrimiento del pueblo saharaui continúa. Más de 170.000 personas sobreviven en campamentos de refugiados en Argelia, mientras que quienes permanecen en el territorio ocupado enfrentan violaciones de derechos humanos documentadas por diversas organizaciones.
La falta de una respuesta contundente por parte de la comunidad internacional refuerza la percepción de que los principios de soberanía y autodeterminación son aplicados de manera desigual, dependiendo de los actores involucrados y los intereses en juego.
El 50 aniversario del abandono del Sáhara Occidental es un recordatorio de cómo decisiones históricas pueden perpetuar conflictos y desigualdades durante décadas. Mientras España y el resto del mundo miran hacia adelante, la cuestión saharaui sigue siendo un ejemplo de las complejidades y contradicciones del sistema internacional en la defensa de los derechos humanos y el respeto al derecho internacional.