París (ECS).- En un polémico artículo publicado en el ‘Hudson Institute’ por la periodista marroquí Zineb Riboua, argumenta, sin pruebas, que Estados Unidos debería designar al Frente POLISARIO como una Organización Terrorista Extranjera (OTE).
En este artículo intentamos demostrar que dicha propuesta se basa exclusivamente en sesgos ideológicos, fuentes cuestionables e infundadas y un desprecio por el derecho internacional, en particular el derecho a la autodeterminación y la libertad. El análisis que se presenta aquí (…) desmonta por completo los argumentos de Riboua y reubica el conflicto del Sáhara Occidental dentro de su legítimo marco jurídico y geopolítico.
¿Quién es Zineb Riboua y desde dónde redacta?
Zineb Riboua es una colabora habitual con plataformas conservadoras estadounidenses. Está afiliada al ‘Instituto Hudson’, un think tank neoconservador con sede en Washington DC, conocido por sus posturas proisraelíes, su defensa de los intereses estratégicos estadounidenses en Oriente Medio y sus vínculos con dictaduras árabes y africanas, incluyendo Marruecos.
Riboua también colabora con el Centro para la Paz y la Prosperidad en Rabat, un think tank que promueve activamente la diplomacia marroquí en el ámbito internacional. Sus publicaciones adoptan sistemáticamente una postura hostil hacia el pueblo saharaui y se alinean con la retórica oficial marroquí. Por lo tanto, su postura dista mucho de ser neutral y es estrictamente política, lo que socava la credibilidad de su artículo.
El derecho a la autodeterminación: Un fundamento desatendido
Desde 1979, el Frente Polisario ha sido reconocido por las Naciones Unidas como el legítimo representante del pueblo saharaui. El Sáhara Occidental está clasificado por las Naciones Unidas como territorio no autónomo pendiente de descolonización. En 1975, la Corte Internacional de Justicia (CPI) concluyó que Marruecos carecía de soberanía sobre este territorio, reafirmando así el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.
Etiquetar al Frente Polisario como organización terrorista equivaldría a criminalizar un movimiento de liberación nacional respaldado por el derecho internacional. Esto constituye un precedente peligroso en los procesos de los conflictos de descolonización.
Fuentes poco fiables y metodología deficiente
El artículo de Riboua se basa casi exclusivamente en fuentes no verificables, procedentes de centros de investigación marroquíes o redes de lobby marroquí en Washington (en particular, el Moroccan American Center for Policy). No se citan informes de instituciones independientes como la ONU, Amnistía Internacional o Human Rights Watch para respaldar las acusaciones de terrorismo o narcotráfico.
Los supuestos vínculos, mencionados en el artículo de Riboua, entre el Frente Polisario y Hezbolá, el PKK o los grupos criminales que operan en el Sahel no están respaldados por ningún documento o gobierno oficial ni poder judicial. Se trata de atajos retóricos carentes de demostración analítica. En ciencias políticas, este enfoque se acerca más a la propaganda que a la investigación.
Una estrategia de amalgama ideológica
El artículo confunde las relaciones diplomáticas de Argelia o el Polisario con Estados como Irán o Rusia para insinuar una alineación con «enemigos» estratégicos de Estados Unidos. Este argumento de «culpabilidad por asociación» carece de peso legal o político. El hecho de que Argelia mantenga relaciones con Moscú o Teherán no justifica etiquetar de terrorista a un movimiento que Argel apoya.
Este marco analítico refleja una visión neoconservadora del mundo, donde cualquier oposición al eje Estados Unidos-Israel-Marruecos se considera sospechosa. No constituye una lectura realista de la dinámica diplomática del conflicto.
Omisión de las Violaciones de Derechos Humanos en Marruecos
El supuesto análisis periódico de Riboua menciona presuntas violaciones de DD.HH en los campamentos de refugiados de Tinduf, pero ignora por completo las violaciones bien documentadas en los territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos: represión de activistas saharauis, uso del software espía Pegasus contra periodistas, tortura y detenciones arbitrarias. Estas violaciones están ampliamente documentadas por ONG como HRW y Amnistía Internacional.
Esta omisión selectiva revela un tratamiento asimétrico del conflicto, indicativo del sesgo del autor.