AMEA Power es una empresa desarrolladora de energías renovables y filial del conglomerado emiratí Al Nowais Investments. Según informes, la construcción está programada para comenzar a finales de 2025 y las operaciones para 2027. El parque suministrará electricidad verde a todas las filiales de YNNA.

El proyecto es la última incorporación a una creciente lista de instalaciones de energía renovable que Marruecos está desarrollando en el territorio que mantiene bajo ocupación ilegal. La estrategia energética nacional de Marruecos se basa en gran medida en proyectos ubicados en el Sáhara Occidental, incluyendo los planes para una línea de transmisión de 1.400 km para transportar la electricidad generada a partir de fuentes solares y eólicas en el territorio ocupado a Casablanca y otras partes de Marruecos.

El Sáhara Occidental está reconocido por las Naciones Unidas como territorio no autónomo. La Corte Internacional de Justicia ha rechazado explícitamente la reivindicación de soberanía de Marruecos sobre la zona, afirmando en cambio el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, es decir, el derecho a decidir libremente el estatus político de su territorio y a controlar sus recursos naturales.

Este principio jurídico se ha visto reflejado en diez sentencias consecutivas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que han confirmado que cualquier actividad económica en el Sáhara Occidental debe contar con el consentimiento del pueblo saharaui. Según la información de WSRW, ningún proyecto de energía renovable en el territorio, ni operativo ni planificado, ha cumplido esta condición.

“Iniciativas como el parque eólico Amea Power-YNNA corren el riesgo de consolidar la ocupación con el pretexto de la seguridad energética, a la vez que soslayan los derechos del pueblo saharaui”, afirma Sara Eyckmans, de Western Sahara Resource Watch. “Marruecos está utilizando proyectos de ‘transición verde’ en territorios ocupados para atraer a empresas extranjeras —y, por extensión, a gobiernos extranjeros— en un intento de legitimar su reclamación sobre un territorio sobre el que carece de soberanía legal”.

En marzo de 2025, ocho Relatores Especiales de la ONU emitieron una declaración conjunta instando a Marruecos a detener la demolición de viviendas saharauis mientras expande sus proyectos de energía verde en el territorio. La declaración surgió tras la renovada preocupación por la represión sistemática de las voces saharauis, incluyendo las de periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos.