Por: Victoria García Corera, PLATAFORMA «No te olvides del Sahara Occidental»
18 de julio de 2025
Decir que hay una parte de la inmigración marroquí movilizada por intereses políticos no es odio: es análisis. Es responsabilidad. Es autodefensa.
Madrid, 18 de julio de 2025 – En un contexto de creciente tensión social y diplomática, diversas voces saharauis y expertos en relaciones internacionales denuncian el preocupante grado de subordinación del Estado español frente al régimen de Mohamed VI. A través de indultos masivos, exportación ideológica, injerencia en la política migratoria y presiones diplomáticas sin precedentes, Marruecos ha convertido su relación con España en un intento de chantaje estructural.
Para numerosos activistas saharauis, esto no es una coincidencia, sino el reflejo de una relación desigual, donde España ha cedido soberanía diplomática y política a cambio de una paz ficticia en materia migratoria. El caso del Sáhara Occidental es, según palabras del activista saharaui Taleb Alisalem, “el mayor ejemplo de esta claudicación”. La decisión del presidente Pedro Sánchez de apoyar el plan marroquí para el Sáhara ha sido interpretada como una traición al derecho internacional y a los compromisos históricos con el pueblo saharaui.
¿Qué ha recibido España a cambio? ¿Estabilidad en las fronteras? ¿Silencio ante amenazas terroristas? ¿Favores encubiertos? El secretismo con el que se manejan estos acuerdos alimenta la sospecha de que España ya no actúa por principios ni por intereses propios, sino por miedo y conveniencia.
La ideología que viaja: imames, mezquitas y presión diplomática
En nombre del multiculturalismo y el antirracismo mal entendido, España ha permitido la implantación de una estructura ideológica organizada por Rabat. Imames enviados desde Marruecos predican no solo religión, sino también lealtad política al régimen. Muchas asociaciones “culturales” y mezquitas funcionan como células diplomáticas del Majzen, activadas según las necesidades del momento. Numerosos informes de inteligencia lo confirman.
Esta red no es secreta. Es pública. Y es efectiva. Marruecos ha aprendido a utilizar a su diáspora como brazo blando de su política exterior. Desde manifestaciones hasta presiones en eventos académicos, pasando por denuncias ante instituciones cuando alguna voz crítica se atreve a romper el silencio. Un claro ejemplo fue lo ocurrido en jornadas organizadas por la Fundación Euroárabe, donde activistas saharauis fueron acosados por grupos organizados desde el consulado marroquí. Nadie fue sancionado. Nadie lo denunció. Y ningún medio lo cubrió.
Saharauis en España: entre la invisibilidad y el acoso
La comunidad saharaui vive en una situación de doble persecución: por un lado, la represión del régimen marroquí; por otro, el silencio de las instituciones españolas. Lo que vivimos en España no es solo invisibilización: es hostilidad activa. Agresiones, intimidaciones en actos públicos, acoso en redes, discriminación en oficinas de extranjería.
Las víctimas no son escuchadas. Y si se atreven a hablar, se les acusa de “nazis”, “agitadores” o “racistas”. Así lo denuncia Taufig Moulay, activista del Frente Polisario y comunicador saharaui:
“Nos llaman extremistas por denunciar agresiones organizadas desde una potencia ocupante. Nos silencian en nombre del antirracismo, blanqueando el racismo estructural de Marruecos”.
El caso Torre Pacheco: ¿respuesta ciudadana o síntoma del abandono?
Los recientes disturbios en Torre Pacheco (Murcia) tras la agresión a un anciano por parte de tres inmigrantes, varios con nacionalidad marroquí, han desatado un debate necesario. Frente al relato simplista de racismo o xenofobia, activistas como Taleb Alisalem, saharaui refugiado en España, alertan:
“Esto es el resultado de años de impunidad, desprotección y permisividad con una inmigración ideologizada por Marruecos. Hay barrios donde no podemos hablar nuestro dialecto, porque sufrimos acoso de marroquíes radicalizados”.
Y añade:
“Rabat ha logrado estructurar una red de control en Europa. Crea el problema y luego se ofrece como solución. Y mientras tanto, nuestros barrios arden y nuestros derechos desaparecen”.
Marruecos no es solo un vecino: es un régimen con tentáculos
España no está ante un simple país vecino con diferencias políticas. Marruecos es un régimen autoritario, jerárquico, racista y colonial, que persigue a la disidencia saharaui tanto dentro como fuera del territorio ocupado. El supremacismo marroquí es evidente: desde la discriminación al Rif, hasta las masacres de migrantes subsaharianos en Nador.
Pero aquí, en España, se blanquea esa realidad en nombre de la convivencia y la corrección política. Se da voz a los portavoces de Rabat. Se silencia a los saharauis. Se borra la historia del Sáhara y se ignoran las advertencias de quienes, como Taleb Alisalem, denuncian lo evidente:
“Marruecos ya no solo influye. Controla. Está en el Parlamento, en la Moncloa, en los medios, en la academia. Y mientras se le apoya en el Sáhara, ya planea ir a por Ceuta y Melilla”.
El deber de nombrar
En un contexto donde cualquier crítica es demonizada, nombrar al agresor se convierte en un acto de resistencia. Decir que hay una parte de la inmigración marroquí movilizada por intereses políticos no es odio: es análisis. Es responsabilidad. Es autodefensa.
“No somos racistas. Somos saharauis. Tenemos historia, identidad y derecho a existir. Y no vamos a callar”, concluye Moulay.
Negar esta realidad no solo perpetúa la impunidad, sino que condena al exilio a vivir con miedo también en tierra de asilo. El silencio institucional, mediático y académico ante el hostigamiento que sufren activistas saharauis en España no es neutral: es cómplice. La defensa de los derechos humanos no puede ser selectiva ni condicionada por alianzas geoestratégicas. Si se protege a quienes huyen de dictaduras, también debe protegerse a quienes denuncian la expansión silenciosa de su represión en territorio europeo.
España debe decidir si está dispuesta a seguir tolerando el chantaje marroquí a costa de su dignidad democrática. La causa saharaui no es un conflicto lejano, es un espejo de nuestras propias contradicciones. Nombrar lo que ocurre, señalar a los responsables y proteger a quienes alzan la voz no es un favor: es una obligación moral, legal y política. Porque si incluso aquí no pueden hablar, ¿dónde quedará entonces la libertad?