Madrid, 21 de julio de 2025. Agencias.
La Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) han presentado una denuncia conjunta ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por el presunto incumplimiento de la normativa de etiquetado en tomates cherry vendidos en supermercados españoles. En concreto, se denuncia que la empresa Azura, con más de 400 hectáreas de producción en el Sáhara Occidental ocupado, comercializa estos tomates en la Unión Europea como si fueran de origen «Marruecos», entre otros en establecimientos de Carrefour.
Ambas organizaciones exigen una investigación inmediata y, si procede, la sanción a las empresas responsables, ya que este etiquetado incorrecto constituye una práctica engañosa que vulnera el derecho de los consumidores a recibir información veraz. Además, representa una forma de competencia desleal para los agricultores españoles. “Los consumidores tenemos derecho a saber de dónde vienen realmente los alimentos que compramos, especialmente cuando se trata de un territorio ocupado como el Sáhara Occidental”, ha declarado Eduardo Montero, portavoz de CECU. Andrés Góngora, de COAG, añadió que “esta situación perjudica tanto a los consumidores como a los productores locales, y no puede seguir tolerándose”.
El pasado mes de octubre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya sentenció que los productos cultivados en el Sáhara Occidental deben indicar claramente su origen real, sin hacer referencia a Marruecos. Esta posición fue ratificada recientemente por la Abogada General del Tribunal, Tamara Ćapeta, quien en su dictamen afirmó de forma categórica que “la Unión Europea y la comunidad internacional consideran que el Sáhara Occidental constituye un territorio distinto y separado del Reino de Marruecos”. Por tanto, etiquetar productos de este origen como “marroquíes” infringe directamente la legislación comunitaria sobre etiquetado y puede inducir a error a los consumidores.
Según Ćapeta, la legislación europea exige que el etiquetado de productos alimenticios contenga información «correcta, neutra y objetiva». La omisión del verdadero origen del producto, en este caso el Sáhara Occidental, no solo vulnera esa obligación, sino que puede afectar de forma significativa a las decisiones de compra de los consumidores europeos, contraviniendo el espíritu y la letra del Derecho de la Unión.
El caso, iniciado en Francia por la Confédération Paysanne, ha servido de precedente jurídico para poner de relieve cómo la UE debe actuar de manera uniforme en estas situaciones, ya que la política comercial es competencia exclusiva de las instituciones europeas. En este sentido, CECU y COAG instan a las autoridades españolas y comunitarias a garantizar el cumplimiento estricto de la normativa y de las sentencias judiciales, así como a poner fin a prácticas empresariales que contribuyen a legitimar la ocupación ilegal del Sáhara Occidental y a confundir deliberadamente al consumidor europeo.
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