“Desmontando bulos contra el pueblo saharaui y el Frente Polisario” – 4
Los falsos atentados del Polisario: otra maniobra de intoxicación mediática
Culpables sin juicio: uno de los bulos contra el Frente Polisario ha intentado vincularlo a actos de terrorismo por el asesinato o secuestro de ciudadanos españoles en los años de guerra activa contra la ocupación marroquí (1975–1991). Esta narrativa, promovida desde sectores alineados con Rabat, ha buscado convertir la legítima lucha del pueblo saharaui en una causa criminal, omitiendo el contexto de guerra de liberación nacional reconocido por la ONU
Una de las campañas más persistentes de desinformación contra el Frente Polisario ha sido la que intenta vincularlo a actos de terrorismo y al asesinato o secuestro de ciudadanos españoles durante los años de guerra activa contra la ocupación marroquí (1975–1991). Esta narrativa, promovida desde sectores alineados con Rabat, ha buscado convertir la legítima lucha del pueblo saharaui en una causa criminal, omitiendo el contexto de guerra de liberación nacional reconocido por la ONU.
Algunos de los secuestros de pescadores o técnicos españoles, y en algunos casos sus muertes, fueron en su momento reivindicados —aisladamente— por el Frente Polisario en el marco del conflicto bélico abierto con Marruecos, entre 1975 y 1991. Estas acciones se enmarcan en una guerra de liberación nacional, reconocida por el Derecho Internacional, en la que el Polisario consideraba legítimos ciertos objetivos vinculados al esfuerzo de guerra marroquí, incluidos buques pesqueros que operaban bajo licencia de Rabat en aguas saharauis ocupadas. Sin embargo, es importante destacar que el Frente Polisario no convirtió estos métodos en una práctica sistemática ni indiscriminada, y que algunas de estas acciones respondieron a contextos muy concretos de tensión militar.
Por otro lado, varios analistas y testimonios han señalado que parte de esos incidentes —incluyendo ataques a embarcaciones españolas y secuestros atribuidos automáticamente al Polisario— fueron instigados por los propios servicios de inteligencia marroquíes (DGED), en el marco de la estrategia de guerra sucia. Esta táctica buscaba desacreditar la causa saharaui ante la opinión pública española y europea, presentando al movimiento independentista como un actor terrorista y desestabilizador. Documentos desclasificados y estudios independientes han apuntado en esa dirección, aunque el secretismo que ha rodeado muchas de estas operaciones impide esclarecer con total certeza el papel de los actores implicados.
Aun en los casos en los que el Frente Polisario reconoció su responsabilidad —como en la captura de tripulaciones o técnicos vinculados al aparato logístico marroquí—, nunca se trató de acciones dirigidas a civiles inocentes de forma deliberada, ni se incurrió en desapariciones o asesinatos sistemáticos. En varias ocasiones, los prisioneros españoles fueron liberados tras negociaciones o mediaciones, y el Frente Polisario ofreció explicaciones en términos de represalia o advertencia dentro del contexto de guerra. Lejos de demostrar una política de terror, estos casos aislados reflejan los límites de una guerra desigual, en la que Rabat sí desplegó de forma sistemática métodos de represión y violencia contra la población civil saharaui.
Hasta la fecha, no existen denuncias formales, fundadas ni documentadas internacionalmente que acusen al Ejército Popular de Liberación Saharaui (EPLS) —el brazo armado del Frente Polisario— de crímenes de guerra sistemáticos ni de violaciones graves de derechos humanos. A diferencia de otras fuerzas armadas en conflictos similares, el EPLS ha mantenido un historial limpio frente a los estándares del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Esta afirmación no se basa en propaganda, sino en el silencio elocuente de organizaciones como Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional o Human Rights Watch, que nunca han emitido informes condenatorios contra el EPLS.
¿Ha sido el Ejército Saharaui acusado de crímenes de guerra? La respuesta es no. No hay informes ni condenas internacionales por uso de armas prohibidas, ataques deliberados contra civiles o prácticas de tortura y ejecución sumaria. El EPLS no ha sido acusado de utilizar armas como napalm, fósforo blanco o minas antipersonales tras comprometerse, de forma inédita, a su prohibición. Al contrario: destruyó más de 20.493 minas sin ningún tipo de ayuda internacional y eliminó más de 50.000 artefactos explosivos —incluidas bombas de racimo y dispositivos MUSE— en coordinación con actores humanitarios.
Tampoco existen registros de ataques deliberados contra civiles por parte del EPLS. Marruecos ha insistido durante años en acusar al Polisario de prácticas inhumanas durante la guerra, pero nunca ha podido aportar una sola prueba verificable. Lo que sí está documentado es que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) visitó a los más de 4.000 prisioneros marroquíes capturados por el Polisario, supervisó su trato y facilitó su liberación progresiva. En los años ochenta, Rabat incluso se negó a aceptar la liberación de 200 prisioneros como gesto humanitario del Polisario, hasta que el CICR intervino directamente. En 2005 se liberó al último grupo, sin denuncias por violaciones sistemáticas de sus derechos y con informes que confirmaban su buen estado físico.
El compromiso del Polisario con el Derecho Internacional Humanitario ha sido voluntario y proactivo, incluso sin ser un Estado miembro de pleno derecho en la ONU. La RASD y el Frente Polisario han suscrito —a través de mecanismos como Geneva Call— los principales tratados humanitarios: las Convenciones de Ginebra, la Convención de Ottawa sobre minas antipersonales, el compromiso de no reclutar menores, de proteger a la población civil y de garantizar los derechos de las mujeres en tiempos de guerra. No hay datos públicos exhaustivos, pero todo apunta a que los índices de violencia de género en las zonas liberadas saharauis son de los más bajos del mundo, incluso en condiciones de conflicto.
Este historial contrasta radicalmente con el del ocupante marroquí. Marruecos ha sido acusado por múltiples organismos —entre ellos Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos— de torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, represión política y uso de drones contra civiles saharauis. El muro militar que divide el Sáhara Occidental —de más de 2.700 km— constituye una violación masiva y continuada del Derecho Internacional, con efectos letales, segregadores y económicos sobre el pueblo saharaui, como ha documentado el portal especializado SMACO.
En resumen, el intento de presentar al Frente Polisario como una organización terrorista o criminal carece de fundamento. Se trata de una construcción mediática y política interesada, que no ha resistido el escrutinio jurídico internacional. El EPLS ha actuado con responsabilidad, y decenas de sus cuadros se forman anualmente en Derecho Internacional Humanitario, en consonancia con los compromisos internacionales de la RASD. En lugar de criminalizar al Frente Polisario, el foco debería ponerse en los crímenes reales y documentados de la ocupación marroquí.
“Desmontando bulos contra el pueblo saharaui y el Frente Polisario” – 3
“Autoproclamado Estado saharaui”: una fórmula tramposa para deslegitimar lo legítimo
Una de las expresiones más repetidas —y más insidiosas— en los medios internacionales y ciertos discursos diplomáticos es la que se refiere a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) como el “autoproclamado Estado saharaui”. Esta fórmula, que pretende neutralidad informativa, es en realidad profundamente ideológica: sirve para sembrar dudas sobre la legitimidad del Estado saharaui y para ocultar el hecho esencial de que se trata de un Estado reconocido internacionalmente y con una base jurídica y política sólida.
“Desmontando bulos contra el pueblo saharaui y el Frente Polisario” – 2
Uno de los bulos más persistentes y peligrosos que se difunden —desde los despachos del Majzén hasta medios occidentales y gobiernos cómplices— es que lo que ocurre en el Sáhara Occidental es una disputa entre Marruecos y Argelia. Esta falsedad, repetida hasta la saciedad por quienes buscan perpetuar la ocupación, pretende borrar al pueblo saharaui como sujeto político, despojarlo de su historia y convertir su lucha en un mero juego de rivalidades geoestratégicas entre Estados. Pero la verdad es otra, y es incontestable: el Sáhara Occidental es un territorio ocupado y pendiente de descolonización, y el pueblo saharaui es su único protagonista legítimo.
“Desmontando bulos contra el pueblo saharaui y el Frente Polisario” – 1
El Sáhara Occidental no es un “territorio en disputa”: es un territorio ocupado y sometido a dominación colonial por parte de Marruecos
En los últimos años, se ha instalado con fuerza en medios de comunicación, instituciones y discursos diplomáticos una fórmula engañosa para referirse al Sáhara Occidental: “territorio en disputa”. Esta expresión, aparentemente neutral, distorsiona la realidad que el derecho internacional y la jurisprudencia europea han dejado meridianamente clara: el Sáhara Occidental no es un territorio en disputa, es un territorio ocupado y pendiente de descolonización, sometido a una dominación colonial por parte del Reino de Marruecos.