Presentado como “realista” y “serio”, el plan marroquí de autonomía no es más que una trampa diplomática destinada a consolidar la ocupación ilegal del Sáhara Occidental. Bajo un barniz de descentralización, priva al pueblo saharaui de su derecho inalienable a la autodeterminación y transforma la colonización en aparente normalidad.
Octubre: un mes decisivo en la ONU
En octubre próximo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas deberá pronunciarse sobre el mandato de la MINURSO, la misión desplegada en 1991 con el objetivo de organizar un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental. Han pasado más de tres décadas y ese referéndum jamás se celebró.
Hoy, Francia y Estados Unidos maniobran para que esta cita marque un punto de no retorno: buscan imponer el plan marroquí de “autonomía” como única base de discusión, relegando definitivamente la consulta popular que el propio Consejo había prometido. Si logran su objetivo, la cuestión dejaría de ser un proceso de descolonización —como lo define el derecho internacional— para presentarse como un mero debate sobre gobernanza local dentro de Marruecos.
La fragilidad de los equilibrios
Una nueva resolución requerirá evitar el veto de los cinco miembros permanentes (China, EE. UU., Francia, Rusia y Reino Unido) y obtener al menos nueve votos favorables. Con París, Washington y Londres alineados con Rabat, y Moscú y Pekín inclinándose a la abstención, la balanza parece favorable a Marruecos.
El pulso se jugará entre los diez miembros no permanentes: Argelia —férrea opositora—, Corea del Sur, Dinamarca, Grecia, Guyana, Pakistán, Panamá, Sierra Leona, Eslovenia y Somalia. Rabat centra sus esfuerzos de presión en estos países, consciente de que la mínima mayoría puede bastar para enterrar la vía del referéndum.
Si el plan marroquí se impone, la MINURSO perdería su razón de ser. Ya debilitada por recortes presupuestarios, sería reemplazada por una estructura diseñada no para garantizar el derecho a la autodeterminación, sino para administrar una autonomía bajo soberanía marroquí. En otras palabras: el abandono oficial de la comunidad internacional de un proceso de descolonización aún inconcluso.
Autonomía bajo tutela: la trampa marroquí
El plan de autonomía, presentado por Marruecos en 2007, se vende como una oferta generosa: respeto a las libertades, desarrollo económico, participación en instituciones locales. Pero bajo esa retórica, el poder real quedaría en manos exclusivas del majzén. Defensa, seguridad, política exterior, moneda, justicia y religión seguirían monopolizados por Rabat.
Los saharauis podrían administrar escuelas o mercados, pero se les negaría decidir sobre los asuntos estratégicos que definen el futuro de un pueblo. Una falsa descentralización que, en la práctica, institucionalizaría la ocupación.
La promesa de compartir los beneficios de los recursos tampoco resiste el contraste con la realidad. Desde hace décadas, el expolio de fosfatos, pesca, arena y energías renovables en el Sáhara Occidental beneficia casi en exclusiva a Marruecos y a multinacionales extranjeras, especialmente europeas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado en varias ocasiones la ilegalidad de estos acuerdos comerciales al no contar con el consentimiento del pueblo saharaui. Pero Rabat sigue explotándolos con la complicidad de sus socios.
El plan de autonomía no corrige esta injusticia: la legaliza. Convertiría la actual expoliación en norma, condenando a los saharauis a vivir en una economía saqueada y bajo tutela colonial.
Las potencias occidentales y su doble rasero
El proyecto no tendría viabilidad sin el respaldo de las grandes potencias. Francia es el principal abogado del plan en todas las instancias internacionales, mientras Estados Unidos lo avaló en 2020 a cambio de la normalización de relaciones entre Marruecos e Israel. España, antigua potencia colonial, se sumó en 2022 a esta deriva, abandonando sus obligaciones históricas y jurídicas con el pueblo saharaui.
El apoyo al plan marroquí responde a intereses estratégicos y económicos: asegurar la “estabilidad” en la frontera sur de Europa, blindar acuerdos energéticos, mantener bases militares en la región y garantizar a multinacionales acceso privilegiado a los recursos saharauis. En nombre de esos intereses, se pretende sacrificar el derecho internacional.
Una trampa contra el derecho a la autodeterminación
El fondo del debate es simple: la ONU reconoció al Sáhara Occidental como Territorio No Autónomo pendiente de descolonización, y el pueblo saharaui como titular exclusivo del derecho a decidir su futuro. La trampa del plan marroquí consiste en sustituir ese derecho inalienable por una autonomía subordinada a la potencia ocupante.
Aceptar esa fórmula sería dar carta blanca a cualquier ocupación colonial que ofrezca una fachada de descentralización. Un precedente devastador para el derecho internacional y para todos los pueblos que luchan contra la colonización.
Conclusión: una trampa que no debemos aceptar
La llamada “autonomía” no es solución ni compromiso: es un mecanismo para legitimar la ocupación, perpetuar el saqueo de los recursos y silenciar la voz de los saharauis. La verdadera salida sigue siendo la misma que en 1991: un referéndum libre y justo de autodeterminación bajo auspicio de Naciones Unidas.
Renunciar a esa vía sería abandonar al pueblo saharaui a medio siglo más de colonialismo y aceptar que el derecho internacional puede ser sustituido por la ley del más fuerte. Y esa es la peor trampa de todas.
PLATAFORMA «NO TE OLVIDES DEL SAHARA OCCIDENTAL»