El Embajador Oubbi Boushraya afirmó que el costo de esta inacción y la demora en la implementación del derecho internacional ha sido grave, tanto a nivel humano como político. Aclaró que la principal carga ha recaído sobre el pueblo saharaui, que ha soportado décadas de exilio, privaciones, represión política y pobreza, además del gran número de presos políticos recluidos en cárceles marroquíes.

La segunda carga, afirmó, recae sobre el propio pueblo marroquí, que soporta las consecuencias económicas y políticas de la instrumentalización del régimen de la cuestión del Sáhara Occidental para restringir las libertades y la democracia. Esto se ve agravado por el deterioro de los indicadores socioeconómicos, como el puesto 120 de Marruecos en el Índice de Desarrollo Humano, las altas tasas de desempleo y analfabetismo, y un importante déficit fiscal.

El diplomático saharaui señaló el coste político para la estabilidad de la región, enfatizando que el conflicto ha socavado la Unión del Magreb Árabe y perpetuado la inestabilidad regional. También destacó las dimensiones multilaterales del fracaso internacional, señalando que los bloques políticos y económicos de Marruecos han obstaculizado la labor tanto de la Unión Africana como de las Naciones Unidas, impidiendo la celebración de un referéndum de autodeterminación desde la década de 1990.

En cuanto al simbolismo internacional, el Embajador Saharaui señaló que la Unión Europea, al seguir apoyando acuerdos con Marruecos sobre el Sáhara Occidental, daña su reputación como organización basada en normas y es vista como financiadora de la prolongada ocupación marroquí. Para las Naciones Unidas, el coste podría ser aún mayor, al haber perdido oportunidades cruciales para resolver el conflicto y no haber impuesto la supervisión internacional de los derechos humanos ni protegido los recursos naturales en el marco del proceso de descolonización.

Oubbi Boushraya concluyó su discurso subrayando que la única solución capaz de garantizar la estabilidad y la legitimidad es la expresión libre y genuina de la voluntad del pueblo saharaui, de acuerdo con su derecho inalienable a la autodeterminación.