«La UE incluye al Sáhara en el nuevo acuerdo comercial con Marruecos pese al fallo del TJUE»: la publicación de ABC, con este título, sobre la inclusión del Sáhara Occidental en el nuevo acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos confirma lo que organizaciones agrarias, juristas y el propio pueblo saharaui venían denunciando: Bruselas está intentando bordear la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de octubre de 2024, que anuló expresamente la aplicación de esos acuerdos al territorio saharaui por falta de consentimiento de su pueblo.

El escándalo es aún mayor si añadimos las revelaciones de Western Sahara Resource Watch (WSRW). Según documentos filtrados, la Comisión Europea ha renegociado en secreto un nuevo acuerdo con Marruecos que aborda explícitamente el comercio de bienes del Sáhara Occidental ocupado, sin consentimiento de los saharauis, ignorando diez sentencias consecutivas del TJUE. El proceso ha sido opaco y acelerado: el 10 de septiembre la Comisión recibió mandato, el mismo día inició conversaciones, y cinco días después ya tenía un borrador cerrado. El 19 de septiembre lo presentó al Consejo, y apenas una semana más tarde, el 1 de octubre, los Estados miembros votarán su aplicación provisional. Un calendario exprés que margina al Parlamento Europeo y evita cualquier debate democrático.

En su memorando explicativo, la Comisión proclama “respetar el derecho internacional” mientras lo pisotea en la práctica. Lo más inquietante es que, para maquillar la ilegalidad, Bruselas propone canalizar fondos europeos hacia infraestructuras agrícolas y energéticas en el Sáhara ocupado, proyectos que figuran en la agenda económica de Rabat y que, en algunos casos, son propiedad directa del rey Mohamed VI. Como advierte WSRW, esto supone multiplicar por seis la superficie agrícola en el territorio, alimentando el mismo expolio que el Tribunal ya ha declarado contrario al derecho a la autodeterminación.

La maniobra de la Comisión no solo desafía a la justicia europea, sino que golpea de lleno a los agricultores europeos, que denuncian la competencia desleal de los productos “disfrazados” de marroquíes y cultivados en Dajla. Como resumió la organización agraria COAG, se trata de “tomates sin origen”, que entran en la UE con etiqueta de Marruecos pero en realidad proceden de un territorio ocupado.

La pregunta es inevitable: ¿de qué sirve una sentencia del TJUE si la propia Comisión Europea busca fórmulas para incumplirla? ¿Qué valor tiene la separación de poderes si Bruselas ignora lo dictado por los jueces? Como señaló Sara Eyckmans, portavoz de WSRW: «La Comisión ha optado por negociar con Marruecos en secreto, excluir a los saharauis e imponer un acuerdo que pisotea la autodeterminación. Eso no es Estado de derecho, es complicidad en su negación».

Lo que está en juego no son solo tomates ni cuotas de mercado: es el respeto a la justicia europea y al derecho de un pueblo colonizado a decidir sobre sus recursos. Ni Bruselas ni Rabat tienen ese derecho. El TJUE ya lo dijo: la voz que falta y que debe prevalecer es la del pueblo saharaui.

Origen: La UE incluye al Sáhara en el nuevo acuerdo comercial con Marruecos pese al fallo del TJUE – abc