Los críticos afirman que el proceso repite lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya ha declarado ilegal: “utilizar acuerdos comerciales para vincular al Sáhara Occidental sin el consentimiento de su pueblo es ilegal”. La votación sobre el borrador del acuerdo está prevista para el 1 de octubre de 2025, lo que desencadenará lo que muchos califican de crisis de credibilidad para la Comisión Europea y una nueva etapa de violación por parte de la UE de sus propias leyes y de las sentencias de su Tribunal.

Un borrador filtrado del acuerdo obtenido por el Observatorio (WSRW) revela que el acuerdo comercial propuesto entre la UE y Marruecos cubriría explícitamente los productos originarios del Sáhara Occidental ocupado, a pesar de que el 4 de octubre de 2024 el TJUE anuló la aplicación del acuerdo comercial de 2019 al Sáhara Occidental, en una de sus sentencias centrada en la ausencia de consentimiento del pueblo saharaui.

El Tribunal había concedido a la UE hasta el 4 de octubre de 2025 para ajustar sus prácticas al derecho internacional, incluidas sus propias sentencias. Sin embargo, la UE parece haber optado por reanudar su violación de la ley.

Según WSRW, el calendario de negociaciones fue extremadamente apretado: los Estados miembros de la UE autorizaron a la Comisión a negociar el 10 de septiembre de 2025, se otorgó un mandato a primera hora de la tarde y las negociaciones con Marruecos concluyeron solo cinco días después, el 15 de septiembre de 2025. Poco después, la Comisión adoptó propuestas para firmar y aplicar el acuerdo de forma provisional.

Las críticas se centran no solo en esta rapidez, sino también en la exclusión de la participación saharaui: los actores que defienden los derechos de los saharauis argumentan que el pueblo saharaui ha quedado al margen de cualquier consulta o negociación.

Un aspecto fundamental de la objeción saharaui son las repetidas sentencias del TJUE que establecen que “el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo, separado y distinto de Marruecos”, y que “solo el pueblo saharaui puede dar su consentimiento a los acuerdos que afectan a su territorio y sus recursos”.

En los asuntos acumulados de 4 de octubre de 2024 (C-779/21 P y C-799/21 P), el Tribunal reafirmó esas condiciones, afirmando que “cualquier consentimiento presunto debe ir acompañado de garantías estrictas: no se impondrán obligaciones al pueblo, los beneficios verificables serán proporcionales a la explotación de los recursos y se garantizará el desarrollo sostenible”.

En virtud del acuerdo propuesto, los productos del Sáhara Occidental bajo control aduanero marroquí volverían a poder acogerse a los aranceles preferenciales de la UE. Este hecho supone una violación total del Derecho internacional y es perjudicial incluso para los agricultores y las empresas europeas en general.

Para cumplir con los requisitos legales, el borrador también incluye mecanismos de etiquetado (certificados de origen, referencias a la «región de origen»), certificación de conformidad de frutas y verduras por parte de las autoridades marroquíes y un mecanismo de supervisión conjunto. Esto también violaría la sentencia del Tribunal que ordenaba el etiquetado correcto de cualquier producto procedente del Sáhara Occidental ocupado.

Además, la UE financiaría infraestructuras (por ejemplo, riego, energía, desalinización) en el territorio ocupado y aumentaría la ayuda humanitaria a los campamentos de Refugiados Saharauis, elementos que, según los críticos, benefician de manera desproporcionada a las autoridades marroquíes, mientras que dejan a los saharauis totalmente marginados.

Las reacciones al acuerdo han ido desde el asombro hasta la furia. Hugh Lovatt, del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, calificó la propuesta de “realmente decepcionante”, afirmando que “recicla los elementos centrales del acuerdo comercial inválido y no muestra una vía jurídica convincente para incluir los productos del Sáhara Occidental bajo el paraguas de Marruecos, respetando la ley”.

Andrea María Pelliconi, Profesora de Derecho Internacional, ha destacado que “no basta con garantizar beneficios para el pueblo del Sáhara Occidental, sino que lo importante es que los propios saharauis se beneficien, a diferencia de la población en general, que incluye a los colonos marroquíes”.

Otros consideran que la aplicación provisional es una forma de eludir el control democrático, una forma de promulgar el acuerdo antes de un debate parlamentario exhaustivo.

Desde el punto de vista saharaui, este acuerdo representa un patrón continuo de exclusión y despojo colonialista. El pueblo del Sáhara Occidental lleva mucho tiempo reivindicando su derecho a la autodeterminación en virtud del derecho internacional. Rechaza los acuerdos en los que se trata a Marruecos como si tuviera autoridad legítima sobre su territorio, especialmente aquellos que se negocian sin la participación directa y el consentimiento de los saharauis.

La justificación de la Comisión Europea es que está tratando de cumplir con la sentencia del Tribunal incluyendo disposiciones sobre beneficios, etiquetado, sostenibilidad y supervisión.

Para los saharauis, se trata de algo más que comercio, es una cuestión de soberanía, derechos sobre su tierra, recursos, identidad y un futuro en el que su voz importe.

El Consejo de la Unión Europea tiene previsto votar el acuerdo el 1 de octubre de 2025 y muchos esperan que la aplicación provisional entre en vigor incluso antes de que se completen todos los controles legislativos.

Los defensores del pueblo saharaui, los expertos jurídicos y la sociedad civil están muy atentos y preparan tanto recursos legales como campañas públicas. La aprobación del tratado puede tener efectos económicos inmediatos (flujos arancelarios, certificaciones de exportación), pero también retos políticos y jurídicos a largo plazo, que podrían dañar la reputación de la UE en materia de defensa de los derechos humanos y el derecho internacional, a menos que el consentimiento y el beneficio de los saharauis sean prioritarios. (SPS)