En su carta dirigida a António Guterres en octubre de 2025, el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y secretario general del Frente POLISARIO, Brahim Ghali, ha acusado directamente a Naciones Unidas de complicidad pasiva con la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. Su mensaje rompe el tono habitual de la diplomacia y se sitúa en otro registro: ya no es una simple queja ante la inacción de la comunidad internacional, sino una denuncia frontal contra la organización encargada de velar por la descolonización del territorio. Lo que el dirigente saharaui plantea no es un matiz, sino un cambio profundo de diagnóstico: la ONU no está siendo neutral, está siendo cómplice.
Ghali sostiene que la organización ha pasado de ser mediadora a encubridora de la ocupación, al permitir que Marruecos imponga sobre el terreno sus hechos consumados sin ninguna consecuencia. Lo que empezó siendo un proceso de descolonización inconcluso se ha convertido, con el paso del tiempo, en un mecanismo de legitimación de la ocupación, disfrazado de “gestión política del conflicto”. La denuncia del presidente saharaui no surge de una simple frustración, sino de la constatación de que los informes, declaraciones y renovaciones de mandato se han transformado en una rutina burocrática que protege al ocupante y abandona al pueblo colonizado. En sus propias palabras, “la ausencia de medidas concretas por parte de Naciones Unidas ha alentado a Marruecos a continuar su ocupación ilegal con total impunidad”.
Uno de los puntos más duros de la carta se refiere al propio informe del Secretario General sobre la situación del Sáhara Occidental, donde se integran referencias, datos y opiniones de fuentes marroquíes o afines al régimen, presentadas como si fueran información imparcial. Al mismo tiempo, se omiten o minimizan las denuncias documentadas de organizaciones internacionales de derechos humanos sobre la represión, la tortura o las detenciones arbitrarias en las ciudades ocupadas. Esa manipulación de fuentes no es un error técnico: es el reflejo de una deriva política. El lenguaje diplomático de la ONU ha ido asimilando el marco conceptual de Rabat. Donde antes se hablaba de un proceso de descolonización pendiente, hoy se habla de una “disputa”. Donde antes se mencionaba el referéndum de autodeterminación, ahora se repite la fórmula del “plan de autonomía”. Ese desplazamiento semántico, que parece menor, tiene consecuencias devastadoras: borra la naturaleza colonial del conflicto y normaliza la ocupación.
Ghali denuncia que la MINURSO, la misión creada para organizar el referéndum, se ha convertido en un instrumento vacío. En más de tres décadas no ha cumplido su mandato, no ha organizado el referéndum, no supervisa los derechos humanos y, en los hechos, ni siquiera informa públicamente de las violaciones del alto el fuego. Su presencia en el territorio, dice la carta, ha pasado de ser un signo de esperanza a un símbolo del fracaso. Es la única misión de paz de la ONU en el mundo sin mandato para vigilar los derechos humanos, una anomalía que revela hasta qué punto el Consejo de Seguridad ha blindado la impunidad marroquí. Cada prórroga del mandato sin avances, cada informe que no nombra la ocupación por su nombre, refuerza la idea de que Naciones Unidas ya no media: consiente.
En su mensaje, el presidente saharaui también denuncia la traición al derecho internacional que representa esa pasividad. La ONU mantiene al Sáhara Occidental en la lista de “territorios no autónomos pendientes de descolonización”, pero no cumple ninguna de las obligaciones derivadas de ese estatus. No protege a la población, no impide el saqueo de los recursos naturales y no hace nada para reactivar el referéndum. Al contrario, ha permitido que Marruecos multiplique las infraestructuras, los proyectos energéticos y las alianzas económicas sobre un territorio que legalmente no le pertenece. La descolonización se ha transformado en un espectáculo retórico: cada año se renuevan las promesas, pero se perpetúa el crimen.
La denuncia de Ghali va más allá del aspecto político o diplomático. Tiene una dimensión moral y jurídica que interpela directamente al sistema multilateral. La complicidad pasiva que menciona no es solo un juicio ético: es un incumplimiento del mandato de la propia Carta de las Naciones Unidas, que obliga a la organización a proteger a los pueblos coloniales y garantizar su derecho a la independencia. Al tolerar la ocupación, la ONU se coloca en el lado opuesto de su propia legalidad. De mediadora, pasa a ser parte del problema. Y al hacerlo, pierde su legitimidad como garante del derecho internacional.
El presidente saharaui concluye su carta con una advertencia clara: el pueblo saharaui no espera ya promesas ni gestos simbólicos, sino una acción efectiva que ponga fin a décadas de impunidad. “Mientras Naciones Unidas se refugia en la ambigüedad”, escribe Ghali, “el pueblo saharaui continuará ejerciendo por todos los medios legítimos su derecho a la autodeterminación”. La frase encierra un mensaje que no puede malinterpretarse: si la ONU abdica de su responsabilidad, el pueblo saharaui mantendrá la suya, la de seguir luchando por su libertad.
El silencio de Naciones Unidas no es neutralidad. Es un acto político que favorece al ocupante y perpetúa la injusticia. La carta de Brahim Ghali es, en ese sentido, algo más que una denuncia: es una llamada de alerta a la conciencia internacional. La complicidad pasiva de la ONU no solo pone en riesgo la causa saharaui, sino la credibilidad de todo el sistema multilateral. Si las Naciones Unidas no son capaces de defender su propio principio fundacional —el derecho de los pueblos a decidir su destino—, habrán perdido el sentido de su existencia.
PLATAFORMA «NO TE OLVIDES DEL SAHARA OCCIDENTAL»