La advertencia de António Guterres ante el Consejo de Seguridad —«la ley de la selva está sustituyendo al Estado de derecho»— no es una abstracción ni un lamento retórico. Es una interpelación directa a un sistema internacional que tolera violaciones graves del derecho cuando afectan a los pueblos sin poder, como ocurre desde hace décadas en el Sáhara Occidental.

La intervención del secretario general de la ONU, António Guterres, ante el Consejo de Seguridad, bajo la advertencia de que la «ley de la selva» está sustituyendo al Estado de derecho, no es un diagnóstico retórico ni una alarma abstracta. Es, sobre todo, una constatación política y jurídica de un deterioro acelerado del orden internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial, precisamente el orden que debía impedir que la fuerza se impusiera al derecho.

Cuando Guterres define el Estado de derecho como la “piedra angular” y el “corazón palpitante” de la Carta de las Naciones Unidas, recuerda algo esencial: la legalidad internacional no es un complemento moral del sistema, sino su fundamento mismo. Sin ella, la Carta pierde sentido y la ONU se convierte en un foro sin capacidad real para garantizar la paz, la seguridad y la justicia entre los Estados.

El secretario general subraya un hecho clave: el derecho internacional se aplica hoy de manera selectiva. La imagen del “menú a la carta”, en el que los Estados eligen qué normas respetar y cuáles ignorar, es especialmente reveladora. No se trata solo de incumplimientos aislados, sino de una práctica sistemática que normaliza la impunidad y erosiona la confianza colectiva. Gaza y Ucrania son citadas explícitamente, pero el diagnóstico es extensible a otros conflictos prolongados donde la legalidad internacional lleva décadas siendo ignorada sin consecuencias.

Particularmente relevante es su referencia a los países más pequeños, a los pueblos sometidos a desigualdades históricas y al legado del colonialismo. Para ellos —afirma— el derecho internacional es un “salvavidas”. Esta afirmación tiene una carga política profunda: sin un marco jurídico vinculante, estos pueblos quedan a merced de la correlación de fuerzas, exactamente la lógica de la “ley de la selva” que Guterres denuncia. El mensaje implícito es claro: cuando el derecho se debilita, los primeros en pagar el precio son los pueblos sin poder, sin veto y sin aliados estratégicos.

Al recordar la responsabilidad “singular” y la obligación “universal” del Consejo de Seguridad, Guterres señala el núcleo del problema sin nombrarlo directamente: la parálisis, la doble vara de medir y el uso político de los mecanismos del propio Consejo. El órgano encargado de garantizar el respeto de la Carta es, al mismo tiempo, uno de los espacios donde más claramente se evidencia su incumplimiento selectivo.

Las tres prioridades de acción que plantea —cumplir la Carta, apostar por la solución pacífica de controversias y reforzar la justicia internacional— no son propuestas nuevas. Lo significativo es que hoy suenan más a advertencia que a hoja de ruta. La insistencia en el papel de la Corte Internacional de Justicia y de la justicia penal internacional apunta a una verdad incómoda: sin rendición de cuentas, no hay paz sostenible, y sin voluntad política de aplicar las decisiones judiciales, el derecho queda reducido a una declaración de principios.

La intervención de Guterres puede leerse, en definitiva, como un recordatorio incómodo para los propios Estados miembros: no es el derecho internacional el que ha fracasado, sino quienes lo invocan cuando les conviene y lo ignoran cuando les estorba. Mientras esa contradicción persista, la “ley de la selva” seguirá avanzando, no por ausencia de normas, sino por la falta de coraje político para hacerlas cumplir.

Esta reflexión adquiere un sentido especialmente concreto en el Sáhara Occidental, un territorio pendiente de descolonización en el que el derecho internacional lleva décadas siendo sistemáticamente ignorado. Allí, la igualdad soberana, la prohibición del uso de la fuerza, el derecho de los pueblos a la autodeterminación y el respeto a las decisiones judiciales internacionales no han fracasado por falta de claridad jurídica, sino por la tolerancia política a su incumplimiento. El caso saharaui ilustra con precisión lo que António Guterres denuncia: cuando el derecho se aplica de forma selectiva y el Consejo de Seguridad renuncia a hacer cumplir su propia legalidad, la fuerza, el hecho consumado y la impunidad ocupan su lugar. En ese contexto, hablar de paz sin justicia no es realismo político, sino una forma de complicidad.

REDACCIÓN
Plataforma No te olvides del Sáhara Occidental

Origen: Guterres: la «ley de la selva» está sustituyendo al estado de derecho