Un polémico contrato ha puesto a Acento Public Affairs, una consultora española liderada por exdirigentes de los principales partidos políticos españoles (PP y PSOE), en el ojo del huracán. Representará los intereses de los agricultores marroquíes ante la Unión Europea, a pesar de que los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la UE han sido calificados de competencia desleal por asociaciones agrarias españolas. Este movimiento surge en un momento crítico, cuando Bruselas busca alternativas tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que anuló los acuerdos agrícolas y pesqueros con Marruecos por no contar con el consentimiento del pueblo saharaui.
La contratación de Acento, realizada a través de la embajada de Marruecos en España, ha sido revelada por el portal Africa Intelligence. Este acuerdo refuerza la dependencia del comercio agrícola marroquí de la UE, donde España actúa como puerta de entrada clave. El revés judicial ha provocado un pulso diplomático con Bruselas, y el ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita, exigió «pruebas de amor» por parte de Europa, dejando claro que las relaciones pasan por un momento de tensión.
Un negocio controvertido con raíces políticas
Acento, fundada en 2019 por el exministro socialista José Blanco y Antonio Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, ha crecido con el fichaje de influyentes figuras políticas de ambos partidos. Entre ellos destacan Elena Valenciano, ex vicesecretaria general del PSOE y afín a las posturas de Marruecos, y Alfonso Alonso, exministro del PP. La consultora también ha incorporado a familiares de altos cargos políticos, como Esteban González Guitart, hijo del eurodiputado Esteban González Pons. Con oficinas en Madrid, Barcelona y Bruselas, Acento alcanzó en 2022 un volumen de negocio de 7,8 millones de euros.
El contrato más reciente con Marruecos no es el primero de la consultora. Desde finales de 2022, Acento asesora a la Agencia Marroquí de Cooperación Internacional por un importe de entre 500.000 y 600.000 euros, según el portal de transparencia de la UE. Este contrato se firmó en un contexto de reconciliación entre España y Marruecos tras el cambio de postura del Gobierno español en el conflicto del Sáhara Occidental, lo que reforzó los lazos diplomáticos con el régimen alauí.
Un lobby al servicio de intereses extranjeros
La implicación de Acento en la defensa de los intereses agrícolas marroquíes genera inquietud en España, especialmente entre las asociaciones agrarias. Estas llevan tiempo denunciando el impacto del acuerdo agrícola con Marruecos en los productores nacionales. Mientras la Comisión Europea busca soluciones para salvar los acuerdos anulados, Marruecos ha recurrido a la influencia de este lobby español para inclinar la balanza a su favor en Bruselas.
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