En este día mundial de la libertad de prensa, la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) interpela el gobierno de España a intervenir para la liberación de seis periodistas bajo su responsabilidad. Se trata de:
– Pablo González, ciudadano español secuestrado[1]e incomunicado, desde el pasado 28 de febrero de 2022 por las autoridades polonesas, cuando estaba cubriendo la situación en Ucrania.
– Abdelah El Uali LEJFAUNI, secuestrado el 12 de noviembre de 2010 El Aaiún por en las autoridades de ocupación marroquíes et condenado ilegalmente[2] por tribunales marroquíes en Rabat a la pena capital, en 2017.
– Mohamed Lamin Ahmed Salem Abdidin HADDI, secuestrado el 20 de noviembre de 2010 en El Aaiún por las autoridades de ocupación marroquíes et condenado ilegalmente por tribunales marroquíes en Rabat a 25 años de cárcel, 2017.
– El Bachir El Abd Mojtar JADA, secuestrado el 05 de diciembre de 2010 en El Aaiún por las autoridades de ocupación marroquíes et condenado ilegalmente por tribunales marroquíes en Rabat a 20 años de cárcel, en 2017.
– Hasan Sid Mohamed Salem DAH, secuestrado el 05 de diciembre de 2010 en El Aaiún por las autoridades de ocupación marroquíes et condenado ilegalmente por tribunales marroquíes en Rabat a 25 años de cárcel, en 2017.
– Yahdih ESABI, secuestrado el 27 de mayo de 2O21 en la playa de El Aaiún por las autoridades de ocupación marroquíes et condenado ilegalmente por el tribunal de El Aaiún a 2 años de cárcel, en 2017.
Estos seis periodistas se encuentran encarcelados por documentar e informar sobre situaciones extremas en Ucrania o el Sahara Occidental. Estos seis presos sufren todo tipo de vejaciones, intimidaciones, e incluso tortura confirmada y denunciada por el Comité contra la Tortura de Naciones, en el caso de los saharauis.
AFAPREDESA denuncia igualmente las expulsiones de los periodistas de medios independientes[3]que intentan visitar el Sáhara Occidental. Lo que convierte este territorio no autónomo, bajo administración de iure de España[4], en un agujero negro[5], tal como lo denunció Reporteros sin Fronteras en su informe de 2019.
AFAPREDESA solicita del Gobierno Español tomar las medidas diplomáticas y políticas necesarias para proteger los derechos fundamentales de estos seis presos políticos bajo su responsabilidad y actuar para su liberación inmediata e incondicional.
[1] Sin el debido respeto de las garantías procesales de un estado de derecho miembro de la UE.
[2] En violación flagrante de los Convenios de Ginebra que prohíben expresamente el traslado y la detención de los civiles fuera del territorio ocupado y todos casos deben ser juzgados en base de la legislación del territorio ocupado.
[3] Oriol Puig y David Melero fueron los últimos periodistas expulsados el pasado 7 de abril de 2022. Ver artículo: https://www.elindependiente.com/internacional/2022/04/07/asi-trata-marruecos-a-dos-periodistas-espanoles-nos-dijeron-que-el-desierto-es-un-buen-lugar-para-hacernos-desaparecer/
[4] Fernando Grande Marlaska, dictó el Auto 40/2014 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Penal, en la que afirmaba lo siguiente: «España sigue siendo la Potencia Administradora del territorio, y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas, entre ellas dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos contra todo abuso, para lo cual debe extender su jurisdicción territorial para hechos como los que se refieren en la querella a que se contrae el presente procedimiento».
[5] Ver informe de Reporteros Sin Fronteras, titulado «Sáhara Occidental, un desierto para el periodismo»: https://rsf.org/es/sahara-occidental-un-desierto-para-el-periodismo-nuevo-informe-de-reporteros-sin-fronteras