Esta rectificación cartográfica implica legalmente que el marco jurídico marroquí, en particular la legislación fiscal, no se aplica legítimamente a este territorio ocupado. Esto se aplicará en el futuro, a partir de la fecha de la enmienda, pero también implica el reconocimiento de que la tributación aplicada en el pasado fue errónea.

La evasión fiscal en cuestión

Desde 2019, la legislación marroquí exige que las plataformas digitales extranjeras recauden automáticamente diversas tasas por cada noche: tasa turística, IVA e impuesto sobre la renta de alquiler. Estas sumas deberían haberse pagado, lógicamente, al Tesoro marroquí a través del número de identificación fiscal proporcionado en Rabat. Según se informa, representan varios millones de dírhams (cientos de miles de euros) anuales solo para alquileres en el Sáhara Occidental.

Mientras Airbnb geolocalizara los alojamientos en El Aaiún o Dajla como «marroquíes», estos impuestos se ajustaban automáticamente al sistema tributario del reino. Por lo tanto, esta práctica constituye un «enriquecimiento injusto», contrario al derecho internacional sobre territorios ocupados, que prohíbe a una potencia administradora obtener beneficios económicos de un territorio que no le pertenece legalmente.

Este problema no es nuevo. Airbnb ya se ha enfrentado a desafíos similares en los territorios palestinos ocupados. En 2018, ante la presión de Human Rights Watch y Amnistía Internacional, la plataforma anunció inicialmente la eliminación de 200 anuncios en asentamientos israelíes en Cisjordania. Sin embargo, en 2019, bajo la presión de demandas judiciales y leyes antiboicot en varios estados de EE. UU., Airbnb cambió de postura.

En Cisjordania, las ganancias se envían discretamente a una ONG

Esta solución, sin embargo, presenta varias limitaciones importantes: no cuestiona la legitimidad fiscal de la ocupación, no contempla ninguna restitución retroactiva y, sobre todo, los fondos no benefician directamente al pueblo palestino cuyas tierras aún están ocupadas. Además, no se plantean posibles impuestos, ni si Airbnb debe pagar un impuesto de sociedades, lo cual parece fiscalmente normal considerando la facturación o los beneficios obtenidos, ¿se tienen en cuenta los ingresos generados en Cisjordania y se incluyen en el impuesto pagado a Israel, o no se tienen en cuenta y luego los retiene la plataforma estadounidense?

Tres estrategias de recuperación para el Sáhara Occidental

Ante la insuficiencia del «  modelo palestino », los defensores de los derechos saharauis deben explorar tres vías más ambiciosas:

• El fondo de garantía internacional. Así, basándose en el modelo del Fondo de Desarrollo para Irak (2003-2010), que gestionó los ingresos petroleros bajo el mandato de la ONU, se podría establecer una cuenta de garantía. Este mecanismo recibiría los impuestos futuros en espera de la resolución definitiva del estatus territorial, con el pago retroactivo de las cantidades ya recaudadas desde 2019.
• La acción legal europea también es una vía seria. De hecho, la decisión del Tribunal de Justicia de la UE de 4 de octubre de 2024, que invalida los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos por falta de consentimiento saharaui , abre un vacío legal. Los terratenientes saharauis y el Frente Polisario, como representante reconocido del gobierno, podrían invocar este precedente para reclamar daños y perjuicios con intereses por  la pérdida de soberanía fiscal .
• Finalmente, presión contractual directa. Porque las plataformas (Airbnb, Booking.com, Expedia, Hotels.com), así como todas las empresas internacionales que operan en el Sáhara Occidental, podrían ser obligadas a suspender sus pagos a las autoridades fiscales marroquíes hasta que reconozcan a un interlocutor saharaui legítimo. De negarse, se expondrían a ser procesados por complicidad en el robo de recursos, un cargo que ya investigan varias firmas especializadas en responsabilidad social corporativa.

Finalmente, sin un compromiso claro en materia de restitución de impuestos, se iniciará un litigio en Nueva York, sede de la empresa, con el objetivo de congelar judicialmente los pagos a Rabat.

Un desafío más amplio para los territorios en disputa

El caso del Sáhara Occidental forma parte de un problema mayor. Airbnb también opera en otros territorios en disputa, como Osetia del Sur, Abjasia, Chipre del Norte y Nagorno-Karabaj, donde surgen cuestiones similares de legitimidad fiscal. Solo Crimea ha sido expulsada de la plataforma tras las sanciones internacionales impuestas tras la anexión rusa de 2014.

Esta multiplicidad de casos revela la falta de una doctrina coherente de las plataformas frente a los territorios ocupados o en disputa, siendo cada situación tratada caso por caso en función de las presiones políticas y judiciales.

La cuestión de determinar quién tiene legítimamente el derecho a recaudar impuestos en territorio saharaui podría sentar un precedente importante en la aplicación del derecho internacional a las actividades de las plataformas digitales en territorios ocupados o en disputa.

A diferencia del compromiso palestino, que mantiene el statu quo mientras redistribuye discretamente los beneficios, el modelo saharaui debe exigir una restitución total y retroactiva, reconociendo explícitamente la ilegitimidad de los impuestos de la potencia ocupante.

Resolver esta disputa fiscal podría así crear un modelo más riguroso, aplicable a otras situaciones similares alrededor del mundo, donde las empresas tecnológicas operan en áreas cuyo estatus legal sigue siendo controvertido.