Este 10 de diciembre de 2025, Día Internacional de los Derechos Humanos, el ministro José Manuel Albares ha comparecido en el Congreso de los Diputados para hablar del Sáhara Occidental. Y lo ha hecho con una frase que pretende sonar a ruptura histórica: “El Sáhara no puede estar otro medio siglo igual”. El problema es que, detrás de esa aparente declaración de urgencia, el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a esconder la realidad: España sigue siendo potencia administradora de un territorio ocupado y mantiene, con declaraciones ingeniosas y marcos diplomáticos ambiguos, la misma política de renuncia que ha permitido a Marruecos consolidar su ocupación desde 1975.

En un momento políticamente decisivo —con la reciente resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU— Albares ha querido presentar la posición española como firme, responsable y plenamente alineada con Naciones Unidas. Pero el discurso del ministro, lejos de aclarar nada, repite el esquema habitual: apoyar “sin ambages” a la ONU mientras se acompaña a Marruecos en su estrategia para vaciar el derecho de autodeterminación de cualquier contenido real. Es decir, la cuadratura del círculo diplomático: proclamarse garante del derecho internacional mientras se respalda la arquitectura que lo socava.

Cuando Albares afirma que “no podemos permitir otro medio siglo igual”, no señala a quien ha producido ese medio siglo de violaciones de derechos humanos, ocupación militar y explotación económica del territorio saharaui. No menciona a la potencia ocupante. Y, como siempre, evita mencionar la responsabilidad jurídica que España mantiene desde 1975 y que ningún gobierno, ni socialista ni conservador, ha querido asumir.

La urgencia que invoca el ministro desaparece cuando pasa a la práctica política. Su “apoyo sin ambages” a la ONU se traduce en una aceptación sin fisuras de una resolución del Consejo de Seguridad que, una vez más, evita mencionar el referéndum, diluye la autodeterminación en “soluciones mutuamente aceptables” y deja a Marruecos el espacio deseado para seguir imponiendo su plan de autonomía. Albares lo sabe. Y Sánchez también. Pero prefieren presentar esta resolución como una confirmación de la postura española, como si España fuese un actor neutral y no un Estado que ha cedido su papel histórico a cambio de mantener una relación privilegiada con Rabat.

Albares ha insistido en que la resolución 2797 “reconfirma completamente” la posición de España. Y en cierto modo tiene razón: la reconfirma en su cómoda ambigüedad. El Gobierno evita explicar a la ciudadanía que la arquitectura actual del Consejo de Seguridad sobre el Sáhara, moldeada durante años por Francia y Estados Unidos, no reconoce la soberanía marroquí… pero tampoco impulsa el referéndum. La política de Sánchez se alinea precisamente con ese espacio gris.

A ello se suma el mensaje repetido sobre lo “excelente” de la relación con Marruecos, con especial énfasis en el control migratorio y los intercambios económicos. En la práctica, esto significa que cualquier defensa real del derecho del pueblo saharaui queda subordinada al mantenimiento de esa relación. Si Rabat presiona, España cede; si Rabat impone un marco narrativo, el Gobierno lo reproduce; si Rabat rebaja el conflicto a un ejercicio de gestión administrativa, el Gobierno español acompaña la melodía. Así lo vimos en 2022 con la carta de Sánchez a Mohamed VI. Y así lo vemos hoy, cuando Albares intenta presentar una política de hechos consumados como una política de Estado.

La verdadera pregunta no es si el Sáhara puede permitirse otro medio siglo igual. La pregunta es: ¿puede permitirse España seguir actuando como si no tuviera ninguna responsabilidad en que el conflicto siga exactamente donde estaba?

Mientras Marruecos intensifica la represión en los territorios ocupados, expulsa observadores, silencia a periodistas saharauis y profundiza el expolio de los recursos naturales, el Gobierno español declara su apoyo “sin ambages” al proceso de Naciones Unidas. Pero ese apoyo solo será creíble si España defiende explícitamente el derecho a la autodeterminación y se desmarca de manera efectiva de cualquier intento de imponer la autonomía marroquí como única salida aceptable.

Y eso, hoy, no ha ocurrido.

Albares y Sánchez insisten en que España está donde “debe estar”: con la ONU. La realidad es otra: España se ha instalado en la misma ambigüedad que permite a la ocupación extenderse, a la represión continuar y al pueblo saharaui seguir esperando por el derecho que le reconoce la legalidad internacional.

El conflicto del Sáhara Occidental no necesita más declaraciones solemnes. Necesita hechos. Necesita una posición clara, coherente con el derecho internacional y con la deuda pendiente que España tiene con su último territorio colonial.

Hoy, en el Congreso, Albares ha hablado de un medio siglo. Pero no ha dicho lo fundamental: que ese medio siglo de injusticia no cambiará mientras España continúe rehén de la política de concesiones a Marruecos y renuncie a su responsabilidad con el pueblo saharaui.

Carlos C. García – PLATAFORMA «NO TE OLVIDES DEL SAHARA OCCIDENTAL»