Por Sidi Maatala /ECS 
 
Madrid (ECS). – Amnistía Internacional reveló hoy, miércoles, que desde el estallido de la guerra en el Sáhara Occidental el pasado 13 de noviembre de 2020, las autoridades de ocupación marroquíes han intensificado su represión contra activistas y periodistas saharauis, quienes han sido objeto de malos tratos, detenciones arbitrarias y hostigamientos con el objetivo de silenciar o castigarlos por sus acciones pacíficas contra la ocupación del Sáhara Occidental.
 
«La situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental es muy mala desde hace muchos años, pero se han deteriorado más desde la rotura del alto el fuego. Las autoridades de ocupación de Marruecos impiden sistemáticamente las concentraciones por la autodeterminación y obstaculizan el trabajo de las organizaciones locales de derechos humanos, hostigando y maltratando con dureza continuamente a sus miembros y a periodistas, tanto en las calles, como en las comisarías o en sus propias casas, donde a veces retienen a la gente sin mandato judicial. Incluso hay acusaciones de violación de activistas como Sultana Sidbrahim Jaya y su hermana por la policía marroquí. Las investigaciones sobre las denuncias de torturas nunca se investigan de forma correcta», reza el comunicado de la organización de derechos humanos.
 
Amnistía Internacional registró al menos 22 casos de violaciones en el Sáhara Occidental, siete de los cuales fueron sometidos a tortura y malos tratos, dos casos bajo arresto domiciliario sin orden de arresto y allanamientos domiciliarios.
 
La organización internacional explicó en su informe que la represión marroquí coincidió con la intervención del ejército de ocupación marroquí el 13 de noviembre de 2020 contra manifestantes saharauis en la región de Guerguerat, al sur del Sáhara Occidental.
 
La organización denunció también que van en aumento las restricciones impuestas a la entrada de organizaciones de derechos humanos y periodistas independientes en la región, lo que llevó a Rabat en febrero pasado a expulsar a ocho ciudadanos españoles, incluidos diputados en el parlamento catalán, concejales de diferentes municipios y representantes de una ONG española.
 
«No es fácil seguir lo que sucede. No hay observadores internacionales independientes. Marruecos no autoriza la entrada allí a periodistas, abogados, activistas o políticos del extranjero. Y el Consejo de Seguridad de la ONU, por su parte, se niega a incorporar la vigilancia de la situación de los derechos humanos en el mandato de la MINURSO, lo que impide documentar los abusos, como sí hacen otras misiones de la ONU», recalca la ONG.
 
Amnistía Internacional señaló que «los acontecimientos recientes nos recuerdan la necesidad de establecer un mecanismo de vigilancia de los derechos humanos independiente, imparcial y eficaz en el territorio.
 
AI instó a las autoridades de ocupación marroquíes a respetar los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y un juicio justo, y a abrir investigaciones independientes contra estas violaciones cometidas por agentes de policía y prisiones.