Analista político revela como la Unión Europea consolida la ocupación marroquí del Sáhara Occidental

La interpretación de la sentencia judicial por parte de los miembros de la UE es muy variada. Algunos, como los países escandinavos y España, conceden mayor importancia a la primera conclusión y han dejado de aplicar los tipos de derecho establecidos en el acuerdo con Marruecos a las mercancías exportadas desde el Sáhara Occidental y han empezado a disuadir a sus empresas y ciudadanos de comerciar con entidades ubicadas en la región. Otros, como Francia, se centran en las otras dos conclusiones y no han cambiado su conducta. Esta segunda posición es compartida por la Comisión Europea (CE). Un año después de la sentencia de 2018, la lista de los exportadores marroquíes autorizados a comerciar con la UE en virtud del acuerdo incluye todavía a casi 150 empresas situadas en la zona en cuestión.

La opinión de que los tratados con Marruecos no se aplican al Sáhara Occidental ha sido expresada por lo menos durante los últimos años por los Estados Unidos y los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), entre ellos Suiza y Noruega. Sin embargo, a diferencia de la UE, han adoptado medidas para garantizar el respeto del derecho a la libre determinación de la población de la región. En consecuencia, se niegan a permitir la importación de productos saharauis o les han establecido derechos separados, superiores a los que figuran en los acuerdos comerciales con Marruecos. Esto les ha permitido expresar su oposición al control de la economía de la región por los colonos marroquíes.

El caso del Sáhara Occidental fue al menos el tercero en los últimos doce años en que el TJUE examinó el comportamiento de los órganos de la UE en relación con el comercio de mercancías procedentes de territorios ilegalmente ocupados.

El primero, en 2003, en el caso Anastasiou respecto al norte de Chipre controlado por Turquía, y el segundo, en 2010, en el caso Brita, perteneciente a los territorios palestinos ocupados por Israel. En ambos casos, el tribunal se pronunció contra la exportación de productos procedentes de territorios ocupados. Sin embargo, la UE todavía no ha elaborado conclusiones a partir de las decisiones y no ha desarrollado una política coherente similar para el caso del Sáhara Occidental.

El desconocimiento por parte de la UE de las violaciones del derecho internacional cometidas por sus socios comerciales, así como sus propias acciones, que son incompatibles con el ordenamiento jurídico en este ámbito, socavan la credibilidad de la diplomacia de la UE y disminuyen su eficacia. Por un lado, la UE es el mayor donante de ayuda humanitaria a los refugiados saharauis; Por otra parte, al aceptar el comercio de bienes del Sáhara Occidental a pesar de las protestas del Polisario, contribuye a la consolidación de la ocupación de esta zona, lo que resulta en refugiados. De hecho, entonces, reduce la eficacia de sus propios esfuerzos para mitigar los efectos de las disputas territoriales en su vecindario ampliamente entendido.

Estos ejemplos de la aparente tolerancia de la UE a los abusos y su incoherencia sugieren la necesidad de una revisión exhaustiva de la aplicación de los acuerdos comerciales de la Unión a bienes que no deberían ser cubiertos.