En los últimos días se ha difundido la idea de que existe un apoyo internacional abrumador al plan marroquí para el Sáhara Occidental, con cifras que hablan de más de 120 países o de reconocimientos recientes en bloque. Este tipo de afirmaciones, repetidas con frecuencia en redes sociales y algunos medios, no resisten un análisis basado en datos verificables.

El primer elemento que conviene aclarar es qué se entiende por “apoyo” y qué implica realmente en términos jurídicos y diplomáticos. En el ámbito internacional, reconocer la soberanía de un Estado sobre un territorio es un acto formal, explícito y jurídicamente significativo. En el caso del Sáhara Occidental, ese reconocimiento solo ha sido realizado por un país: Estados Unidos, en diciembre de 2020. Ningún otro Estado ha adoptado una decisión equivalente. Este dato no es una interpretación, sino un hecho comprobable en la práctica diplomática internacional.

Frente a ello, se citan habitualmente declaraciones de distintos gobiernos que califican el plan de autonomía marroquí como “serio”, “creíble” o “una base para la negociación”. Es el caso de España, Alemania, los Países Bajos o Francia. Sin embargo, el lenguaje diplomático utilizado en estos comunicados evita cuidadosamente cualquier referencia al reconocimiento de soberanía. No se trata de un matiz menor: significa que esos Estados no han modificado su posición jurídica sobre el estatus del territorio.

La cifra de “120 países” procede, precisamente, de una confusión entre niveles de posicionamiento muy distintos. Se suman en una misma categoría Estados que han expresado un apoyo político genérico, otros que simplemente respaldan una solución negociada bajo el marco de Naciones Unidas, y muchos que no han adoptado ninguna posición pública clara. No existe ningún organismo internacional —ni Naciones Unidas, ni la Unión Europea, ni ninguna institución multilateral— que haya publicado una lista que respalde esa cifra.

Uno de los datos más relevantes —y que rara vez se menciona en este tipo de afirmaciones— es el comportamiento real de los Estados en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cada año, este órgano adopta resoluciones sobre descolonización que incluyen expresamente al Sáhara Occidental. En ellas se reafirma de manera sistemática el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y se mantiene el territorio en la lista de territorios no autónomos pendientes de descolonización.

Estas resoluciones se aprueban por amplias mayorías o por consenso, lo que implica la participación de una gran parte de los Estados miembros de Naciones Unidas. Ninguna de ellas reconoce la soberanía de Marruecos sobre el territorio ni avala su integración. Este dato es particularmente significativo porque refleja posiciones formales y públicas de los Estados en un marco institucional. Si existiera un apoyo mayoritario a la soberanía marroquí en los términos que se difunden, ese respaldo se habría trasladado necesariamente a estas votaciones. Sin embargo, no ha ocurrido.

El caso africano permite introducir otro elemento objetivo. La República Árabe Saharaui Democrática es miembro de pleno derecho de la Unión Africana. Esto implica reconocimiento institucional, participación en las estructuras de la organización y relaciones diplomáticas activas con varios Estados del continente. Este hecho, verificable y vigente, resulta difícil de conciliar con la idea de un alineamiento mayoritario de África con la posición marroquí.

A ello se suma el marco jurídico internacional, que no ha experimentado cambios sustanciales. El Sáhara Occidental sigue siendo considerado por Naciones Unidas como un territorio no autónomo pendiente de descolonización. En la misma línea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reiterado en varias sentencias que el territorio es separado y distinto de Marruecos. Estas posiciones no son declaraciones políticas coyunturales, sino referencias jurídicas consolidadas.

Por otra parte, el reconocimiento de la República Saharaui por parte de más de ochenta Estados a lo largo del tiempo forma parte de los registros diplomáticos existentes, con independencia de que algunos países hayan suspendido o modificado su posición en determinados momentos. Este elemento tampoco suele incorporarse cuando se presentan cifras globales sobre apoyos internacionales.

El problema de fondo no es la existencia de posiciones diferentes —algo habitual en cualquier conflicto internacional—, sino la construcción de una narrativa que presenta como homogéneo un escenario que es, en realidad, complejo y fragmentado. Equiparar el respaldo político a una propuesta con el reconocimiento de soberanía conduce a conclusiones que no se corresponden con los hechos.

El conflicto del Sáhara Occidental sigue abierto y sujeto a dinámicas diplomáticas cambiantes. Pero hay un dato que permanece estable: no existe un reconocimiento internacional generalizado de la soberanía marroquí sobre el territorio. Cualquier análisis que pretenda partir de cifras agregadas sin distinguir su naturaleza jurídica introduce más confusión que claridad.

👉 Naciones Unidas sigue considerando el Sáhara Occidental un territorio pendiente de descolonización
👉 El Tribunal de Justicia de la UE lo considera “separado y distinto” de Marruecos
👉 Y solo un país ha reconocido formalmente la soberanía marroquí

👉 Lo demás son interpretaciones interesadas.