Izquierda Unida volvió a situar con claridad el conflicto del Sáhara Occidental allí donde siempre debió estar: en el terreno del derecho internacional, del respeto a la descolonización pendiente y de la defensa del pueblo saharaui frente a cualquier intento de imposición externa. La proposición no de ley debatida en el Congreso el pasado 3 de noviembre, reafirma esta posición y denuncia el deterioro del consenso histórico español sobre la autodeterminación, erosionado en los últimos años por decisiones unilaterales que ni representan al país ni se ajustan a las resoluciones de Naciones Unidas.
En su intervención, Enrique Santiago recordó que España sigue siendo potencia administradora y, por tanto, responsable ante la comunidad internacional del proceso de descolonización. No es una cuestión de simpatías políticas, sino de obligaciones jurídicas: el pueblo saharaui tiene derecho a decidir libremente su futuro mediante un referéndum reconocido por la ONU. Ese proceso no puede ser sustituido ni por acuerdos bilaterales, ni por maniobras de presión geoestratégica, ni por decisiones tomadas al margen de la legalidad internacional.
La iniciativa de IU no es un gesto simbólico: exige que España recupere una política exterior soberana, respetuosa con la ONU y con la jurisprudencia internacional. Santiago insistió en que la comunidad internacional debe actuar con independencia y sin someterse a presiones de potencias que pretenden condicionar las decisiones del Consejo de Seguridad. La descolonización del Sáhara no puede quedar expuesta a intereses militares, comerciales o estratégicos de terceros países, que solo contribuyen a la inestabilidad de la región.
En paralelo, la proposición reclama la defensa activa de los derechos humanos en los territorios ocupados, donde organizaciones internacionales han documentado reiteradas vulneraciones contra la población saharaui. Una política exterior responsable no puede pasar por alto estas agresiones, ni normalizar su causa bajo el pretexto de la “realpolitik”. La paz solo puede construirse sobre la justicia y sobre el reconocimiento pleno del derecho del Sáhara Occidental a existir como pueblo.
En este sentido, los planteamientos defendidos por IU se sitúan en una línea coherente con la denuncia de cualquier injerencia externa que contribuya a la desestabilización en distintas regiones del mundo. La misma exigencia que reclamamos para la soberanía de otros pueblos vale para el Sáhara: rechazo a actuaciones militares unilaterales, oposición a medidas coercitivas que buscan condicionar procesos políticos internos y defensa del derecho de cada comunidad a decidir su camino sin presiones ni amenazas. La autodeterminación es indivisible, y quienes la defendemos en todas partes debemos hacerlo también aquí.
La PNL presentada —y el amplio respaldo social que recibe la causa saharaui— apuntan a una conclusión clara: España necesita recuperar una voz propia, firme y coherente. El cambio de posición del presidente Sánchez en 2022 rompió un consenso fundamental y dañó la credibilidad internacional de nuestro país. IU, con esta iniciativa, reafirma un compromiso histórico y señala el camino para recomponer un marco de actuación exterior basado en la legalidad, la paz y los derechos de los pueblos.
El Sáhara Occidental no es un asunto olvidado ni una cuestión del pasado. Es un conflicto vivo, que sigue interpelando a España y que exige claridad política y valentía diplomática. Dar la palabra al pueblo saharaui no es solo una obligación jurídica: es una cuestión de justicia y de dignidad. Y esa es, precisamente, la responsabilidad que IU asume con esta PNL: defender el derecho a decidir frente a las presiones, las injerencias y los silencios cómplices. Solo así podrá abrirse un horizonte real de paz.
(*) Secretario del PCE para el Sáhara Occidental
Origen: Autodeterminación para el Sáhara Occidental: una posición firme ante las injerencias
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