2025 pasará a la historia del Sáhara Occidental como un año clave. No porque haya acercado una solución justa al último proceso de descolonización pendiente en África, sino porque ha concentrado una ofensiva política, diplomática y mediática destinada a cerrar el conflicto por la vía de los hechos consumados. Bajo el lenguaje del “realismo”, la “estabilidad regional” o las “soluciones pragmáticas”, se ha intentado desplazar el derecho internacional y vaciar de contenido el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.

Nada de lo ocurrido en 2025 es casual. La lectura interesada de la resolución 2797 del Consejo de Seguridad, las presiones para presentar la renovación del mandato de la MINURSO como un aval político a Marruecos, y la ofensiva diplomática desplegada por Rabat a lo largo del año responden a una estrategia clara. El objetivo es transformar una ocupación ilegal en una supuesta realidad irreversible, normalizada por el paso del tiempo y por la inacción internacional.

En el plano de Naciones Unidas, 2025 ha estado marcado por ese intento de manipulación del marco jurídico. Marruecos ha tratado de presentar resoluciones técnicas como si fueran pronunciamientos políticos, ocultando deliberadamente que el Sáhara Occidental sigue figurando en la lista de territorios no autónomos y que ninguna resolución del Consejo de Seguridad reconoce soberanía marroquí alguna. Las explicaciones de voto de varios Estados miembros han vuelto a dejarlo claro: el derecho a la autodeterminación sigue siendo el núcleo del proceso.

Un elemento clave de esta dinámica en 2025 ha sido el papel de Estados Unidos. Más allá de los cambios de tono o de administración, Washington ha seguido actuando como principal aval político de la estrategia marroquí, consolidando los efectos de la proclamación trumpista de 2020 sobre el Sáhara Occidental. Ese reconocimiento ilegal, nunca revocado, ha funcionado como un punto de anclaje para la ofensiva diplomática de Rabat, alentando una cultura de impunidad y de desprecio al derecho internacional que ha impregnado los debates en Naciones Unidas y ha presionado a otros actores a alinearse con la lógica de los hechos consumados.

En 2025, el “método Trump” —imposición, transacción y desprecio por la legalidad multilateral— no solo no ha sido corregido, sino que ha seguido condicionando la política estadounidense hacia el Sáhara Occidental, con consecuencias directas sobre el equilibrio internacional y sobre la propia credibilidad del sistema de Naciones Unidas.

Frente a esa deriva, el Frente Polisario ha desempeñado en 2025 un papel central en la defensa de la legalidad internacional. Sus intervenciones ante Naciones Unidas, las cartas dirigidas al Consejo de Seguridad y la denuncia constante de las tergiversaciones marroquíes han servido para recordar una verdad básica: el conflicto del Sáhara Occidental no es una disputa regional ni un problema administrativo, sino un caso de descolonización inconclusa agravado por una ocupación militar.

El papel de Argelia ha sido igualmente determinante a lo largo del año. Lejos de la caricatura interesada que la presenta como un actor que “bloquea” soluciones, Argelia ha sido en 2025 uno de los principales defensores del marco jurídico internacional. Su actuación en el Consejo de Seguridad y en otros foros multilaterales ha servido para contrarrestar los intentos de diluir la autodeterminación y para mantener viva la centralidad del derecho del pueblo saharaui a decidir libremente su futuro.

Europa, en cambio, ha vuelto a situarse en el lado más oscuro de la balanza. En 2025, la Unión Europea ha perseverado en su política de hechos consumados, intentando sortear las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE y manteniendo acuerdos comerciales y pesqueros que incluyen recursos procedentes del Sáhara Occidental. Mientras se invoca el derecho internacional en otros conflictos, se tolera —e incluso se facilita— el expolio de un territorio ocupado, consolidando una doble moral cada vez más difícil de disimular.

Especialmente significativa ha sido la posición del Estado español. Lejos de corregir el giro impuesto en 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez ha consolidado en 2025 una política de alineamiento con Rabat. España, potencia administradora de iure según Naciones Unidas, ha optado por respaldar el plan de autonomía marroquí y por minimizar su propia responsabilidad histórica y jurídica, situándose de facto junto al ocupante y dando la espalda al pueblo saharaui.

Mientras tanto, sobre el terreno, la realidad ha seguido siendo la misma. Represión en los territorios ocupados, presos políticos saharauis olvidados por la diplomacia europea, precariedad en los campamentos de refugiados y una juventud saharaui que constata cómo se intenta decidir su futuro sin contar con ella. 2025 no ha sido un año de distensión, sino de endurecimiento del conflicto en sus dimensiones política, humana y simbólica.

Esta serie nace precisamente para dar sentido a todo lo ocurrido durante el año. Para analizar cómo se ha intentado cerrar el conflicto del Sáhara Occidental al margen del derecho internacional y de la voluntad de su pueblo, y para poner nombres, fechas y responsabilidades a esa ofensiva. Lo haremos desde una perspectiva claramente defensora y de apoyo del pueblo saharaui, crítica con las instituciones europeas y con el Gobierno español, y reivindicando el papel de Argelia y de todos los actores que siguen defendiendo la autodeterminación como una línea roja infranqueable.

Porque si algo ha dejado claro 2025 es que el conflicto del Sáhara Occidental no está superado ni congelado. Está más vivo que nunca. Y su resolución justa sigue siendo una deuda pendiente de la comunidad internacional.

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