Si algo ha quedado claro en 2025 es que, pese a la intensificación de las presiones políticas y diplomáticas, el marco jurídico del Sáhara Occidental sigue intacto. Ni los apoyos bilaterales obtenidos por Marruecos ni la proliferación de declaraciones conjuntas han logrado alterar la naturaleza del territorio como cuestión de descolonización pendiente, tal y como la define Naciones Unidas.

Durante este año se ha consolidado una estrategia marroquí centrada en presentar como avances políticos lo que en realidad son continuidades administrativas. La renovación del mandato de la MINURSO, la repetición de fórmulas ambiguas en el Consejo de Seguridad y el uso interesado del lenguaje diplomático han sido utilizados para construir una narrativa de normalización que no se sostiene jurídicamente.

La resolución 2797 del Consejo de Seguridad ha vuelto a ser un ejemplo claro de esta batalla por el sentido de las palabras. Marruecos ha intentado imponer una lectura interesada del texto, presentándolo como un respaldo implícito a su plan de autonomía. Sin embargo, ni la resolución introduce cambios sustanciales ni reconoce soberanía marroquí alguna sobre el territorio. El derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui sigue siendo el límite jurídico infranqueable.

Frente a esta estrategia, el Frente Polisario ha mantenido en 2025 una posición de firmeza política y coherencia jurídica. Sus intervenciones ante Naciones Unidas han insistido en recordar que no existe solución posible al margen del ejercicio libre y genuino de la autodeterminación. La respuesta saharaui ha sido constante, documentada y ajustada al marco legal internacional, frente a los intentos de desvirtuarlo.

El año ha estado marcado también por una creciente instrumentalización de foros internacionales, culturales y deportivos por parte de Marruecos. Eventos de gran visibilidad han sido utilizados como herramientas de imagen para proyectar una apariencia de normalidad y estabilidad, mientras en los territorios ocupados continúan la represión, las detenciones arbitrarias y las violaciones de derechos humanos.

En paralelo, la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado ha seguido siendo uno de los grandes silencios de la comunidad internacional. La ausencia de un mandato de supervisión de derechos humanos para la MINURSO sigue siendo una anomalía grave, que Marruecos ha logrado mantener año tras año con el apoyo tácito de algunos Estados influyentes.

España ha vuelto a ocupar en 2025 un lugar incómodo en este escenario. Como potencia administradora de iure, su responsabilidad en el proceso de descolonización sigue vigente, pese a los intentos de diluirla en marcos bilaterales y discursos de realismo político. La distancia entre el derecho internacional y la posición adoptada por el Gobierno español continúa siendo uno de los elementos más problemáticos del conflicto.

A nivel europeo, las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han vuelto a recordar que el Sáhara Occidental es distinto y separado de Marruecos. Aunque la Comisión Europea ha tratado de ganar tiempo y margen político, la legalidad europea ha reafirmado que ningún acuerdo puede aplicarse al territorio sin el consentimiento del pueblo saharaui.

En este contexto, 2025 no ha sido un año de avances hacia la solución, pero sí de clarificación. Ha quedado patente que la acumulación de apoyos políticos no sustituye al derecho, y que las narrativas construidas para dar por cerrado el conflicto chocan una y otra vez con la realidad jurídica.

El Sáhara Occidental sigue siendo una cuestión de descolonización pendiente, no un conflicto congelado ni una disputa regional. Mientras no se respete ese principio básico, cualquier intento de imponer soluciones parciales o definitivas seguirá siendo políticamente frágil y jurídicamente inválido.

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