Si algo ha definido 2025 en el ámbito internacional ha sido la batalla por el sentido de las palabras en Naciones Unidas. No se ha tratado tanto de aprobar nuevas resoluciones como de releer y forzar las existentes, en particular la resolución 2797 del Consejo de Seguridad, con el objetivo de presentar como avances políticos lo que no son más que renovaciones técnicas del mandato de la MINURSO. El Sáhara Occidental se ha convertido así en un campo de disputa semántica, donde Marruecos ha intentado convertir el lenguaje diplomático en un instrumento de legitimación de la ocupación.

La resolución 2797, adoptada en octubre de 2025, no introduce ningún cambio sustancial en el marco jurídico del conflicto. Renueva el mandato de la MINURSO y reafirma la necesidad de una solución política, pero no reconoce soberanía marroquí alguna, ni establece la llamada “autonomía” como resultado predeterminado del proceso. Sin embargo, desde el primer momento, Rabat puso en marcha una estrategia comunicativa destinada a presentar el texto como un aval internacional a sus pretensiones, amplificando términos ambiguos y silenciando cuidadosamente los límites explícitos de la resolución.

Esta estrategia no es nueva, pero en 2025 ha alcanzado un grado de sofisticación mayor. Marruecos ha tratado de transformar resoluciones técnicas en supuestos pronunciamientos políticos, ocultando deliberadamente que el Sáhara Occidental sigue figurando en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas y que el proceso continúa inscrito en el marco de la descolonización. La clave no ha sido lo que dice la resolución, sino lo que Marruecos afirma que dice, apoyándose en una red de aliados y en una cobertura mediática acrítica.

Sin embargo, las propias dinámicas del Consejo de Seguridad han vuelto a desmontar ese relato. Las explicaciones de voto de varios Estados miembros dejaron constancia expresa de que su apoyo a la resolución 2797 no implicaba reconocimiento alguno de las reivindicaciones marroquíes. Países como Dinamarca o Eslovenia subrayaron que el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui sigue siendo el núcleo del proceso, marcando límites claros a cualquier interpretación interesada del texto aprobado.

En este contexto, el papel del Frente Polisario ha sido determinante. A lo largo de 2025, su representación ante Naciones Unidas ha respondido de forma sistemática a las tergiversaciones marroquíes, recordando que el Consejo de Seguridad no puede actuar al margen de la Carta de la ONU ni contradecir el marco establecido por la Asamblea General. Las cartas dirigidas a la Presidencia del Consejo y las intervenciones públicas han insistido en una idea central: ninguna resolución puede vaciar de contenido un derecho que tiene carácter imperativo en el derecho internacional, como es la autodeterminación.

La disputa en torno a la resolución 2797 pone de relieve un problema más profundo: la crisis de credibilidad del multilateralismo cuando las resoluciones se utilizan como herramientas de propaganda y no como instrumentos jurídicos. En 2025, la ONU no ha dejado de ser el marco legítimo para resolver el conflicto del Sáhara Occidental, pero sí ha quedado claro que es un espacio sometido a presiones, manipulaciones y lecturas interesadas que buscan normalizar una ocupación ilegal por la vía de los hechos consumados.

Este segundo balance confirma así una realidad incómoda para muchos actores internacionales: el conflicto del Sáhara Occidental no avanza porque falten resoluciones, sino porque sobran intentos de manipularlas. Frente a ello, la defensa del derecho internacional y de la autodeterminación del pueblo saharaui sigue siendo la línea divisoria fundamental. La ONU continúa siendo un terreno de disputa, y lo que está en juego no es solo el futuro del Sáhara Occidental, sino la propia coherencia del sistema internacional.

PLATAFORMA
NO TE OLVIDES DEL SÁHARA OCCIDENTAL