CHAHID EL HAFED-. El embajador saharaui para América Latina y el Caribe, Mohamed Zrug en un artìculo publicado por INFO SUR GLOBAL habla de la reciente decisión unilateral del Gobierno de Bolivia de suspender relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática.
Bolivia ante el espejo de su historia: la geografía enseña; la diplomacia olvida.
Por: Mohamed Zrug
La reciente decisión unilateral del Gobierno de Bolivia de suspender relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática no es un simple acto administrativo.
Es una señal política de profundo calado, que interpela la coherencia histórica de un país que hizo de la defensa de la soberanía y la integridad territorial una causa existencial.
Bolivia sabe —porque lo ha sufrido— lo que significa el despojo.
La Guerra del Pacífico no es solo un capítulo de manual escolar; es una herida abierta en la memoria nacional.
A ello se suman otros conflictos que derivaron en la cesión de vastas extensiones del territorio.
Esa experiencia marcó su política exterior con un sello inequívoco: la defensa del principio de no adquisición de territorio por la fuerza.
Por eso sorprende —y duele— que ahora se relativice ese principio en relación con el Sáhara Occidental, territorio no autónomo pendiente de descolonización según las Naciones Unidas.
El 23 de octubre de 2023, como miembro del Comité de Descolonización, Bolivia sostuvo que «el diálogo sin condiciones previas y de buena fe debía conducir a una solución duradera que respetara la voluntad del pueblo saharaui».
Esa era la posición coherente con su historia.
Esa era la Bolivia que hablaba con autoridad moral.
La República Árabe Saharaui Democrática, además, no es una entelequia diplomática.
Es Estado fundador y miembro pleno de la Unión Africana, el organismo que agrupa a un continente que sabe —quizá mejor que ningún otro— lo que significan el colonialismo, el trazado arbitrario de fronteras y las largas luchas por la autodeterminación.
El 27 de febrero de 2026, la RASD cumplirá cincuenta años desde su proclamación en 1976: medio siglo de existencia política, resistencia institucional y reconocimiento internacional.
Ignorar ese dato no es solo un error factual; es desconocer el peso histórico de África en la arquitectura contemporánea del derecho internacional.
Hoy se nos dice que se “restablecen” relaciones con Marruecos.
Pero las relaciones nunca estuvieron rotas.
El embajador marroquí residente en Lima es concurrente ante La Paz y presentó cartas credenciales el 22 de mayo de 2022.
Marruecos nunca consideró siquiera abrir embajada en Bolivia.
Sostener que se restablece lo que nunca se rompió es, sencillamente, faltar a la verdad.
Ocultar deliberadamente una aproximación excluyente y no equilibrada es otra cosa.
Más preocupante aún es vincular la suspensión de relaciones con la RASD a una llamada con un canciller extranjero.
Las decisiones soberanas no se anuncian como si fueran el resultado de una transacción telefónica.
Se argumenta también que la medida permitirá diversificar la asociación comercial, especialmente en agricultura y fertilizantes.
Conviene decirlo con claridad: Marruecos no ofrece nada que no esté condicionado.
Los fosfatos que exporta desde el Sáhara Occidental son recursos extraídos de un territorio bajo ocupación militar, cuyo pueblo no ha ejercido su derecho a la libre determinación.
Importarlos expone a Bolivia a riesgos jurídicos ciertos por comercializar recursos de un territorio pendiente de descolonización.
Gobiernos bolivianos, tanto de derecha como de izquierda, se abstuvieron de sucumbir a esa oferta.
No por romanticismo ideológico, sino por elemental prudencia jurídica y coherencia histórica.
Excluir ahora a la RASD en un acto claramente transaccional no fortalece la soberanía boliviana; la debilita.
Aún más grave resulta insinuar que el reconocimiento de la “estatalidad” pasa por aceptar el principio de integridad territorial aplicado a la pretensión marroquí sobre el Sáhara Occidental.
Esa interpretación pervierte el derecho internacional y legitima, en la práctica, la modificación de fronteras por la fuerza.
En el Magreb, ningún país reconoce soberanía marroquí sobre el territorio saharaui.
Sugerir lo contrario no contribuye a la paz; sabotea los esfuerzos diplomáticos de solución negociada.
Las consecuencias no son solo políticas.
En marzo de 2025, la estatal boliviana de hidrocarburos firmó un acuerdo estratégico con la argelina Sonatrach para cooperación en exploración, producción de gas, transferencia tecnológica y desarrollo petroquímico.
Para Bolivia, es una oportunidad de fortalecer su industria gasífera con la experiencia de uno de los mayores exportadores de gas del mundo.
Para Argelia, amplía su ya dilatada presencia en América Latina y en países vecinos como el Perú.
En la medida que dicho comunicado asienta grave precedente que afecta no solo a la República Saharaui sino a las fronteras internacionalmente reconocidas de otros tres países, ¿alguien puede asegurar que este giro diplomático no impactará esa cooperación?
Durante su discurso de posesión del 8 de noviembre, el presidente Rodrigo Paz Zamora afirmó que «abriría Bolivia al mundo» y que «el respeto a la autodeterminación de los pueblos» sería un vector de su política exterior.
Bolivia estableció relaciones con la RASD precisamente bajo el gobierno de Jaime Paz Zamora, padre, reafirmando su compromiso con la descolonización.
Resulta difícil imaginar que una decisión de este calado haya contado con plena reflexión estratégica y consenso histórico.
No me sorprende la insistencia de Rabat.
El canciller marroquí ha hecho de la exageración y la promesa inflada una práctica sistemática.
Pero más allá de la retórica, Marruecos enfrenta limitaciones estructurales: es un país con recursos escasos, embarcado desde hace décadas en una guerra colonial que drena su economía y lo mantiene en permanente tensión regional.
Su reiterada violación del derecho internacional y de los derechos humanos en el Sáhara Occidental lo coloca bajo escrutinio constante de Estado paria.
Bastaría consultar a gobiernos como los de Ecuador o Panamá para verificar hasta dónde llegaron las tan publicitadas promesas comerciales marroquíes.
Bolivia tiene derecho a redefinir su política exterior.
Lo que no tiene derecho es a olvidar su historia ni a relativizar principios que defendió cuando estaba sola frente al despojo.
Apostar por un “caballo ganador” que no lo es puede ofrecer una fotografía momentánea, pero en política internacional las imágenes se desvanecen rápido, como espejismos en el desierto.
La coherencia, en cambio, permanece.
Y Bolivia, más que nadie, sabe cuánto cuesta perder territorio… y cuánto cuesta perder principios.
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