Tomates españoles en una huerta. Redes Sociales
Bruselas y Rabat han sellado un nuevo acuerdo que amplía las ventajas arancelarias al Sáhara Occidental, aplicándose desde el pasado 3 de octubre y pendiente de formalizarse en los próximos meses. El pacto, presentado como una extensión del trato preferencial ya vigente entre la Unión Europea y Marruecos, garantiza la continuidad de las exportaciones marroquíes y consolida su presencia en los mercados europeos, mientras los agricultores españoles siguen soportando la carga de las restricciones fitosanitarias, los controles laborales y los costes de la lucha biológica contra plagas como la araña roja o el parvispinus.
El responsable del sector de frutas y hortalizas de COAG, Andrés Góngora, ha denunciado “la falta de transparencia” y “la ilegalidad” del pacto, asegurando que “constituye una violación del derecho internacional” al incluir un territorio no autónomo sin consultar a sus representantes legítimos. “Nos reservamos emprender acciones legales contra la Comisión Europea”, ha advertido, y ha subrayado el “impacto devastador” que este acuerdo puede tener sobre el sector hortofrutícola europeo y el derecho del pueblo saharaui a decidir sobre su futuro.
Las organizaciones agrarias españolas también han mostrado su “más enérgico rechazo” ante el Comité Mixto Europeo de Frutas y Hortalizas y han anunciado la elaboración de un documento de rechazo formal. Góngora ha alertado además del “precedente muy peligroso” que supone modificar un acuerdo internacional “sin consultar al sector, sin una evaluación del impacto y sin el visto bueno del Parlamento Europeo”.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha dictaminado que el Sáhara Occidental es una región jurídicamente separada de Marruecos. Sin embargo, el nuevo sistema de etiquetado impulsado por Bruselas permitirá presentar los productos procedentes de Dajla o El Aaiún prácticamente como marroquíes, un mecanismo que podría inducir a error al consumidor y fomentar la competencia desleal frente a los productores europeos.
La presidenta de Asaja en Almería, Adoración Blanque, ha advertido de que este sistema “constituye un engaño para los consumidores y un acto de competencia desleal para los agricultores que cumplen todas las normas sanitarias y laborales”. “Europa debería proteger su soberanía alimentaria y garantizar la estabilidad de sus productores locales, no premiar a quienes incumplen las exigencias que se imponen dentro del mercado comunitario”, ha señalado. Blanque ha recordado además que las producciones procedentes del Sáhara “no están sujetas a los mismos controles”, y que son frecuentes las alertas por el uso de sustancias prohibidas en la UE.
La Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (FEPEX) confirma el deterioro del sector con cifras preocupantes: la producción de tomate para el mercado fresco ha caído un 31%, y las exportaciones a la UE se han reducido un 25% en la última década. “El beneficio de unos pocos importadores se está pagando con la ruina de miles de agricultores”, lamentan desde la organización.
Mientras Bruselas exige a los productores europeos cumplir con cada restricción y normativa, premia al vecino del sur con ventajas comerciales que vulneran sentencias del propio Tribunal de Justicia. Europa vuelve a castigar a quienes cumplen y a premiar a quienes no lo hacen.
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.