Ceuta, Pegasus, migración y dependencia estratégica: ninguna de esas razones puede justificar el abandono del derecho internacional ni el giro español sobre el Sáhara Occidental.

PLATAFORMA «NO TE OLVIDES DEL SÁHARA OCCIDENTAL»

Han transcurrido más de cuatro años desde que el Gobierno de Pedro Sánchez decidió respaldar oficialmente el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental. Aquel giro político supuso la ruptura más importante de la posición española sobre el conflicto desde la retirada del territorio en 1975 y provocó una profunda conmoción entre el movimiento solidario, numerosos juristas especializados y buena parte de quienes seguían considerando que España mantenía una responsabilidad histórica y política respecto a la antigua colonia.

Desde entonces se han formulado numerosas explicaciones para intentar comprender aquella decisión. La crisis de Ceuta de mayo de 2021, cuando miles de personas cruzaron la frontera en apenas unas horas tras el deterioro de las relaciones entre Madrid y Rabat; la necesidad de recuperar la cooperación migratoria; la estabilidad de Ceuta y Melilla; la colaboración policial y antiterrorista; o incluso el escándalo Pegasus, después de que se conociera el espionaje sufrido por el presidente del Gobierno y otros altos cargos del Estado mediante un programa cuya utilización fue atribuida por diversas investigaciones periodísticas internacionales a los servicios marroquíes, aunque nunca llegara a producirse una atribución oficial definitiva.

Sin embargo, quizá el debate se ha planteado de forma equivocada desde el principio. La cuestión fundamental no es tanto identificar cuál de esos factores influyó más o menos en la decisión española, sino preguntarse si alguno de ellos podía justificar realmente un cambio de posición sobre una cuestión que afecta directamente al derecho internacional, a la descolonización de un territorio y al derecho de autodeterminación de un pueblo reconocido por Naciones Unidas.

Si las razones que habitualmente se invocan para explicar el giro español fueran ciertas, el problema sería incluso más grave de lo que suele reconocerse. Aceptar que una crisis migratoria, una tensión diplomática o incluso una operación de espionaje pudieran influir en una decisión de esta magnitud equivaldría a admitir que la política exterior española puede apartarse de principios jurídicos fundamentales cuando aumentan los costes políticos o estratégicos. Ninguna de esas circunstancias modifica el estatuto jurídico del Sáhara Occidental, ni elimina el derecho de autodeterminación reconocido por Naciones Unidas, ni altera las resoluciones internacionales que continúan considerando el territorio pendiente de descolonización.

La crisis de Ceuta constituye probablemente el ejemplo más evidente de esta contradicción. Aquellos acontecimientos demostraron hasta qué punto España depende de la cooperación marroquí para gestionar los flujos migratorios en la frontera sur europea. Pero precisamente por eso resulta legítimo preguntarse si una dependencia de esa naturaleza puede terminar condicionando decisiones que deberían estar guiadas por criterios jurídicos y no por relaciones de fuerza. La presión migratoria puede explicar una preocupación política. Lo que no puede hacer es transformar una ocupación en soberanía reconocida ni convertir en irrelevante el derecho de un pueblo a decidir libremente su futuro.

Lo mismo puede decirse de otros ámbitos sensibles de la relación bilateral. La cooperación policial, la lucha contra el terrorismo, la seguridad fronteriza o la estabilidad regional son cuestiones importantes para cualquier gobierno. Sin embargo, ninguna de ellas guarda relación directa con la legalidad internacional aplicable al Sáhara Occidental. Confundir ambos planos supone aceptar que los principios solo tienen valor mientras no entren en conflicto con determinados intereses estratégicos.

Los defensores del cambio de posición suelen presentar aquella decisión como un ejercicio de realismo político. Sin embargo, el problema de ese argumento es que confunde la gestión pragmática de una relación compleja con la renuncia a principios que España afirma defender en otros escenarios internacionales. El derecho internacional no deja de existir porque resulte incómodo. Tampoco desaparece porque una potencia regional acumule apoyos diplomáticos o porque un conflicto se prolongue durante décadas sin solución.

Por eso la cuestión sigue abierta cuatro años después. El debate ya no gira únicamente alrededor de Marruecos, del Frente Polisario o de las relaciones bilaterales entre Madrid y Rabat. Lo que está en juego es la credibilidad de una política exterior que proclama su compromiso con la legalidad internacional y con el derecho de los pueblos a decidir su destino, pero que decidió apartarse de ambos principios precisamente en el caso del Sáhara Occidental.

Mientras tanto, el pueblo saharaui continúa esperando aquello que Naciones Unidas lleva décadas reconociendo formalmente y que España defendió durante años antes de cambiar de posición: la posibilidad de decidir libremente su propio futuro mediante un proceso de autodeterminación conforme al derecho internacional.