La decisión del Gobierno canario —presidido por Fernando Clavijo y sostenido por CC y PP— de promover una misión empresarial a Dajla, en el Sáhara Occidental ocupado, ha generado un rechazo contundente tanto en Nueva Canarias como en el Frente Polisario. No es para menos: hablamos de una iniciativa pública que pretende explorar oportunidades económicas en un territorio que Naciones Unidas reconoce como no autónomo y pendiente de descolonización, ocupado militarmente por Marruecos desde 1975 y sometido a un régimen de explotación sistemática de sus recursos. La visita, impulsada por Proexca y FEDEPORT, se presenta como mera “cooperación económica”, pero para los saharauis —y para cualquier lectura honesta del derecho internacional— supone un paso más en la normalización del expolio.

Un viaje que compromete a Canarias con la política de hechos consumados de Rabat

Entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre, la delegación empresarial canaria será recibida por autoridades marroquíes para conocer el megaproyecto portuario Dajla Atlantique, valorado en 1.300 millones de euros. Marruecos utiliza este tipo de infraestructuras como pieza central de su estrategia: atraer inversiones, consolidar presencia internacional y generar la apariencia de que el Sáhara ocupado es un espacio “normalizado”, integrado en la soberanía marroquí. Nada más lejos de la legalidad: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reiterado —sentencia de 4 de octubre de 2024 incluida— que Marruecos no tiene soberanía sobre el territorio y que cualquier actividad económica requiere el consentimiento del pueblo saharaui, representado exclusivamente por el Frente Polisario.

Sin ese consentimiento, toda operación empresarial, pública o privada, se inserta en el ámbito del expolio. Es aquí donde la misión canaria adquiere especial gravedad: no hablamos de una empresa aislada, sino de una administración pública que financia, organiza y respalda un viaje cuya finalidad es abrir oportunidades de negocio en un territorio ocupado. El representante del Polisario en España, Abdulah Arabi, lo ha expresado con claridad: Canarias corre el riesgo de convertirse en “cooperador necesario de la ocupación”.

La crítica canaria: Luis Campos alerta del “grave error político, jurídico y ético”

El rechazo no proviene solo del Polisario. Luis Campos, secretario general de Nueva Canarias-Bloque Canarista, ha denunciado que el Gobierno de CC y PP utiliza dinero público para avalar los planes de un régimen ocupante en un territorio donde se vulneran sistemáticamente los derechos de la población autóctona. Para Campos, la misión impulsada por Proexca y FEDEPORT constituye un “grave error político, jurídico y ético” que rompe con la tradición solidaria y pro saharaui del pueblo canario.

Campos recuerda que la sociedad canaria mantiene con el Sáhara histórico, vínculos y responsabilidades que ningún gobierno debería ignorar. Defender la legalidad internacional —añade— no es solo un principio diplomático, sino una obligación moral hacia un pueblo que lleva 50 años siendo víctima de una “anomalía histórica” desde la retirada española de 1975. En este contexto, la operación de Clavijo no es cooperación económica: es normalización de una ocupación militar.

Un proyecto económico construido sobre la negación de derechos

Marruecos presenta Dajla Atlantique como un símbolo de desarrollo, energías renovables y conexión global. La realidad es mucho más cruda: el puerto está concebido para reforzar el control sobre la costa ocupada, facilitar la exportación de recursos saharauis —pescado, arena, energía eólica— y seguir integrando el territorio en los circuitos económicos del reino alauita, en abierta contradicción con el derecho internacional.

Canarias, al sumarse a esta narrativa, corre el riesgo no solo de avalar el discurso marroquí, sino de comprometer su propia posición geoestratégica. Mientras los puertos canarios sufren una competencia creciente —como el auge de Tánger Med—, el Gobierno Clavijo parece dispuesto a legitimar proyectos que debilitan su propio papel en el Atlántico a medio y largo plazo.

La voz del Polisario: sin consentimiento saharaui, no hay legalidad ni legitimidad

El Frente Polisario ha sido inequívoco: “evidentemente puede haber actividad económica en el territorio, pero nunca sin los derechos del pueblo saharaui”. La inversión internacional no está vetada —nunca lo ha estado—, pero debe hacerse con las condiciones que exige el derecho internacional: consentimiento previo, respeto a la soberanía del pueblo saharaui sobre sus recursos y ausencia de cualquier vínculo que pueda consolidar la ocupación.

Esta misión empresarial incumple los tres principios. Ni cuenta con el pueblo saharaui, ni respeta las sentencias europeas, ni contribuye a un futuro de paz. Al contrario: perpetúa la explotación, envía un mensaje político devastador y blanquea la estrategia marroquí de hechos consumados.

Canarias está a tiempo de rectificar

Tanto Nueva Canarias como el Frente Polisario han pedido al Gobierno autonómico que cancele la misión. No hacerlo situará al Archipiélago en el lado equivocado de la historia y de la legalidad. Canarias no puede permitir que su nombre, sus recursos públicos y su reputación internacional se utilicen para respaldar proyectos que vulneran derechos fundamentales y alimentan un conflicto que dura ya medio siglo.

La sociedad canaria ha sido, durante décadas, un referente de solidaridad con el pueblo saharaui. Lo coherente —lo justo— es mantener esa posición. Como recuerda Luis Campos, la salida sigue siendo la misma de siempre: una solución justa, democrática y conforme al derecho internacional, basada en la autodeterminación del Sáhara Occidental.

Hoy, más que nunca, ese compromiso debe traducirse en hechos.

Carlos C. García – PLATAFORMA «NO TE OLVIDES DEL SAHARA OCCIDENTAL»