El artículo publicado por El País sobre las reuniones impulsadas por la administración de Donald Trump en Washington no es únicamente una crónica diplomática. Es, sobre todo, un ejercicio de encuadre narrativo que desplaza el eje jurídico del conflicto hacia un terreno político donde la propuesta marroquí aparece progresivamente normalizada como solución “factible”.
El titular ya marca dirección: “EE UU impone el diálogo… para cerrar un acuerdo”. El verbo cerrar no es inocente. Sugiere que estamos ante un expediente que debe concluirse cuanto antes, como si se tratara de una disputa bilateral pendiente de arreglo práctico. Sin embargo, el Sáhara Occidental no es un contencioso convencional entre dos Estados, sino un territorio pendiente de descolonización inscrito en la agenda de Naciones Unidas. No se trata de “cerrar” un problema, sino de resolverlo conforme al derecho internacional.
El segundo elemento problemático es la interpretación de la resolución 2797 del Consejo de Seguridad. El artículo sostiene que dicha resolución avaló que “una verdadera autonomía es el objetivo más factible”. Esa formulación introduce un desliz significativo: no equivale a reconocer la soberanía marroquí ni a excluir la autodeterminación. La resolución habla de una solución política “mutuamente aceptable”, fórmula reiterada desde hace años, pero no sustituye el principio de libre determinación ni convierte la propuesta marroquí en el marco único. Presentar la autonomía como horizonte prácticamente validado por la ONU es una simplificación que inclina el relato.
A ello se suma una afirmación especialmente discutible: que “para Naciones Unidas, España ya no es la potencia administradora”. La ONU nunca reconoció formalmente la transferencia de soberanía derivada de los Acuerdos de Madrid de 1975. España notificó su retirada, pero Naciones Unidas nunca validó que esa decisión extinguiera las responsabilidades derivadas del proceso de descolonización inconcluso. La cuestión jurídica sigue siendo objeto de debate en ámbitos especializados, aunque el artículo la dé por cerrada con una frase que simplifica en exceso.
El tratamiento del censo es otro punto clave. Se presenta como una “vieja disputa técnica” que bloqueó la labor de la MINURSO. Pero no es una discusión administrativa. Es el núcleo político del conflicto: quién tiene derecho a decidir. Marruecos propone un censo actualizado que incluye a la población trasladada al territorio desde 1975; el Frente Polisario defiende como base el censo español de 1974, referencia reconocida en su momento por Naciones Unidas. No es un desacuerdo técnico: es la diferencia entre autodeterminación y modificación demográfica del cuerpo electoral.
El artículo también reproduce sin apenas contraste las filtraciones sobre un eventual periodo transitorio de autonomía y una consulta popular sobre un “acuerdo marco”. Esa fórmula desplaza el referéndum de autodeterminación —donde la independencia es una opción— hacia una ratificación de un pacto previamente delimitado. El matiz es sustancial: no se consultaría el estatuto político del territorio, sino la aceptación de un marco ya negociado bajo parámetros condicionados.
Además, el texto refuerza una narrativa recurrente: la idea de que Estados Unidos actúa como actor decisivo que “reactiva” y “impone” el diálogo, mientras España queda al margen. Sin entrar en el fondo geopolítico, el encuadre transmite una sensación de inevitabilidad: el proceso avanza hacia un acuerdo pragmático, y la cuestión de la autodeterminación aparece como un elemento más dentro de una negociación política, no como el principio rector del proceso.
Nada de esto implica negar la relevancia de las reuniones en Washington ni la importancia de cualquier avance diplomático. Pero el problema no está en informar sobre ellas, sino en cómo se contextualizan. Cuando el lenguaje transforma la descolonización en “contencioso”, la ocupación en “conflicto del Magreb” y el referéndum en obstáculo técnico, el relato deja de ser neutro y pasa a reflejar una determinada visión estratégica.
El resultado es una cobertura que, sin afirmarlo explícitamente, desplaza progresivamente el eje desde el derecho internacional hacia la realpolitik. Y en el caso del Sáhara Occidental, el marco jurídico no es un detalle accesorio: es el fundamento mismo del proceso pendiente.
Por eso, más que una crónica inocua, el texto de El País ilustra cómo ciertos medios españoles siguen abordando el Sáhara desde una lógica de cierre diplomático y equilibrio regional, antes que desde el prisma de la descolonización inconclusa que sigue figurando en Naciones Unidas. Y en este conflicto, el encuadre no es una cuestión secundaria: es la clave de la interpretación.
Descubre más desde No te olvides del Sahara Occidental
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.