«Detrás de usted, señor Burita», parece decir el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, en la foto que ilustra este artículo. Una reunión mantenida en Jueves Santo y avisada con poca antelación entre Albares y su homólogo marroquí sugiere que algo tiene que ocultar. Con buena parte de la población, de la prensa y de la oposición bajo palio o en la playa, de vacaciones, el ministro español recalcaba la postura del Gobierno español con respecto a la cuestión saharaui: apoyo a la autonomía del Sáhara Occidental dentro de Marruecos o, en otras palabras, la anexión por parte del Reino Marroquí de este territorio no autónomo cuyo proceso de descolonización sigue vigente.

Las palabras de Albares, aplaudidas por Burita, reiteran el giro de la postura sobre el Sáhara que implementó Pedro Sánchezpor carta enviada al monarca alauí Mohamed VI hace ahora tres años. El responsable de la cartera exterior del Gobierno dijo el jueves que la propuesta de autonomía supone, para este Gobierno, «la base más seria, realista y creíble» para resolver este «diferendo».

Donde Albares dijo «diferendo», podría haber dicho «ocupación», pues, como decíamos, la excolonia española es hoy uno de los territorios no autónomos reconocidos por la ONU. Como tal, tiene que resolver su proceso de descolonización truncado en 1975 con las connivencias española y marroquí. Para ello, el pueblo saharaui ha de poder ejercer su derecho a la libre determinación para decidir su futuro político, bien sea este independiente de Marruecos o integrado en este país. Así lo reconocen numerosas resoluciones de Naciones Unidas o de otros organismos internacionales. De este proceso de descolonización, el Estado español es potencia administradora, pues el abandono de la excolonia décadas atrás no le exime de sus responsabilidades, como también muestran documentos jurídicos internacionales o de ámbito español. Y, sin embargo, Marruecos solo es hoy la potencia ocupante, y esta ocupación la ejerce por la fuerza, la vía militar y la violencia.