Marruecos celebra medio siglo de control sobre el Sáhara Occidental con un nuevo relato: el del progreso ecológico. Pero bajo la retórica verde, se esconde un sistema de explotación que priva al pueblo saharaui de sus recursos y de su futuro.

Cincuenta años después de la Marcha Verde, la ocupación marroquí del Sáhara Occidental ya no se impone con tanques ni alambradas, sino con turbinas eólicas, paneles solares y discursos sobre sostenibilidad. Bajo el argumento de la “transición verde”, Rabat ha convertido el territorio en un inmenso laboratorio energético que refuerza su dominio político y económico. Lo que se presenta como una historia de progreso es, en realidad, la cara más moderna del expolio colonial.

El Sáhara Occidental sigue siendo, según la ONU, un territorio pendiente de descolonización. Ningún Estado del mundo reconoce la soberanía marroquí sobre él (salvo EE.UU., que lo hizo en 2020, bajo la administración Trump). Pese a ello, la Unión Europea y Marruecos mantienen acuerdos comerciales que incluyen productos y recursos extraídos en la zona.

Aunque el Gobierno asegura apoyar “una solución política justa y duradera”, varias empresas españolas —públicas y privadas— se benefician directamente del nuevo modelo de expolio verde

En septiembre de 2024, el Tribunal de Justicia de la UE volvió a anular dichos acuerdos por vulnerar el principio de autodeterminación y por incluir al Sáhara sin el consentimiento de su pueblo. Pero apenas un año después, en octubre de 2025, Bruselas y Rabat firmaron un nuevo tratado que, en la práctica, desoye la sentencia.

El texto abre la puerta a inversiones europeas en energía y agricultura en el territorio ocupado bajo el argumento de que “benefician a la población local”. Es la misma lógica que el Tribunal ya había rechazado: consultar a los colonos o a instituciones impuestas por Marruecos no equivale a obtener el consentimiento del pueblo saharaui. En realidad, según en informe Renovables de Western Sahara Resource Watch, de próxima publicación, “Europa legitima con dinero público una ocupación ilegal revestida de verde”.

El caso español es especialmente revelador. Aunque el Gobierno asegura apoyar “una solución política justa y duradera”, varias empresas españolas —públicas y privadas— se benefician directamente del nuevo modelo de expolio verde.

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