El Embajador Khatri Addouh, invitado ayer junto con otros participantes a hablar en el Instituto Nacional de Estudios de Estrategia Global (INESG), declaró rotundamente que «el referéndum de autodeterminación sigue siendo la única vía legal y legítima» para resolver un conflicto minado por «cinco décadas de ocupación ilegal y tácticas dilatorias internacionales».

El Frente Polisario, a través del Sr. Addouh, rechaza vehementemente cualquier alternativa a las resoluciones de la ONU, calificando los planes de autonomía marroquíes de «subterfugio colonial contrario al derecho internacional». La misión de la MINURSO, prorrogada hasta octubre de 2025, simboliza, según él, «el flagrante fracaso de la comunidad internacional a la hora de hacer cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad». Esta inercia perpetúa «un statu quo ilícito», transformando el Sáhara Occidental en un «absceso geopolítico», añadió.

Diplomacia y complicidad criminal  

La solidaridad argelina, presentada como un baluarte contra un neocolonialismo relanzado, contrasta con la traición histórica de ciertos estados árabes tras los Acuerdos de Abraham y el escandaloso reconocimiento por parte de Francia de la supuesta «marroquinidad del Sáhara». Al apoyar la ocupación marroquí, las potencias occidentales son cómplices de un flagrante desmembramiento territorial.

Addouh calificó los intentos de partición del territorio saharaui como un «crimen contra la integridad nacional» y, según él, ilustran «la decadencia de la legalidad en las cancillerías occidentales». El diplomático elogió el apoyo de Argelia como «un pilar de la lucha» contra la ocupación marroquí, afirmando «la permanencia política y jurídica de la RASD en el escenario internacional».

Mientras la causa saharaui gana reconocimiento legal, en particular el reconocimiento del Polisario como representante legítimo del pueblo saharaui y la soberanía sobre la riqueza, la realpolitik de las potencias históricas, en particular España y Francia, culpables de una retirada cómplice, mantiene la impunidad marroquí. Es en este contexto que la acción diplomática argelina denuncia la «complicidad sistémica», donde «los intereses económicos sofocan el derecho de los pueblos a la autodeterminación».

El saqueo económico: un crimen de guerra estructurado  

La explotación sistemática de los recursos naturales saharauis por parte del régimen del Majzen y sus socios económicos constituye, según el embajador, un «expolio depredador que se ha convertido en un sistema». Este expolio, documentado como un «crimen de guerra imprescriptible» por tribunales africanos y europeos, «perpetúa una economía de depredación colonial».

Las acciones legales emprendidas por la RASD contra las multinacionales cómplices revelan la magnitud de una organización criminal internacionalizada. Además, la reanudación de las hostilidades desde 2020 confirma el fracaso de los mecanismos de paz y los planes marroquíes de colonización forzada. Las respuestas selectivas del Polisario son la expresión armada de una prolongada denegación de justicia.

Para el diplomático, este conflicto latente, «alimentado por la negativa de Rabat a cumplir sus compromisos», convierte al Sáhara Occidental en «un polvorín donde cualquier chispa podría provocar una conflagración regional». Cincuenta años después, la cuestión saharaui encarna «el naufragio moral del multilateralismo». La negación implacable de la autodeterminación de un pueblo, sumada al saqueo de sus riquezas, constituye una mancha indeleble en la conciencia internacional.

El aplazamiento perpetuo del referéndum y la tolerancia del ocupante marroquí han convertido a las instituciones internacionales en herramientas para legitimar un crimen de lesa humanidad. Sin una intervención inmediata de la comunidad internacional para hacer cumplir la ley, el conflicto saharaui seguirá siendo «la prueba viviente de la bancarrota ética del orden mundial poscolonial», insistió Addouh.