El ministerio de Consumo, que ha actuado frente a los productos de los territorios palestinos ocupados, guarda silencio ante el fraude de los tomates saharauis
El silencio del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ante la denuncia de los tomates saharauis vendidos como marroquíes en una cadena de supermercados es cada vez más denso. Meses después de que la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) presentaran una denuncia formal por incumplimiento de la normativa de etiquetado, el departamento que dirige Pablo Bustinduy no ha adoptado medida alguna.
Un ministro que sale hablando de Palestina, pero con Marruecos no se atreve nadie en este país
Consultado por este periódico, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 abona esa absoluta falta de transparencia y la ausencia de progresos. El departamento, en manos de Sumar, evita ofrecer respuestas concretas y se escuda en el secreto de las investigaciones. Aduce que no puede informar sobre denuncias “en fase de instrucción” y recuerda, en términos genéricos, que el Reglamento europeo 1169/2011 prohíbe inducir a error sobre el país de origen de los alimentos. El gabinete de comunicación, que dirige Alejandro Torrús, ni siquiera ha contestado a la última petición de información de este diario.
‘Una patata caliente’
En una de sus respuestas previas, Consumo subraya además que la competencia sobre comercio exterior corresponde al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, en un movimiento que las organizaciones agrarias interpretan como una evasión de responsabilidades. “Es un caso surrealista. Agricultura nos dijo que era competencia de Consumo; Consumo, que de Economía. Y mientras tanto, los tomates siguen vendiéndose con una etiqueta falsa”, denuncia Góngora.
La Comisión Europea ya había recordado a los Estados miembros su obligación de hacer cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de octubre de 2024, que estableció que los productos agrícolas cultivados en el Sáhara Occidental deben identificar claramente su origen y no ser etiquetados como marroquíes. El tribunal fue tajante: el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos y constituye un territorio aduanero distinto, por lo que cualquier otra indicación “podría inducir a error al consumidor”. Sin embargo, en España, la sentencia sigue sin aplicarse. Y la pelota institucional continúa rodando.
Una doble vara de medir
El contraste con la actuación de Consumo en otros casos resulta evidente. El 17 de octubre de 2024, apenas unas semanas después del fallo del TJUE sobre el Sáhara, el propio Pablo Bustinduy firmó una nota informativa dirigida a las empresas españolas que importan productos de los territorios palestinos ocupados por Israel, en la que les recordaba su “deber de indicar el origen real” de esos bienes para no inducir a error al consumidor.
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