Western Sahara Resource Watch (WSRW) ha denunciado la elección de la ciudad saharaui ocupada de Dajla como sede del nuevo centro de datos marroquí, en violación del derecho internacional y del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.

«Establecer un centro de datos de esta magnitud en territorio ocupado, sin el consentimiento (del pueblo saharaui), constituye una usurpación del territorio saharaui, disfrazada de progreso tecnológico», declaró Sara Eyckmans, miembro del Observatorio, citada en un comunicado. Mientras Marruecos habla de «soberanía digital», continúa «violando el principio mismo de soberanía en lo que respecta al pueblo saharaui», lamenta Sara Eyckmans.

«Ningún panel solar ni marca ecológica puede ocultar la realidad: este proyecto se está desarrollando en un territorio bajo ocupación militar», añade. Según WSRW, este proyecto forma parte de la estrategia general de Marruecos para «atraer a empresas tecnológicas internacionales mediante incentivos, como exenciones y exenciones fiscales».

«Pero tras la elegante fachada de energía verde y ‘avances tecnológicos’ se esconde una realidad inquietante: el centro de datos se planea en territorio ocupado, sin el consentimiento del pueblo saharaui, cuyo derecho a la autodeterminación está consagrado en el derecho internacional», explica la ONG. Señala, en este contexto, que las Naciones Unidas clasifican al Sáhara Occidental como territorio no autónomo y que la supuesta «soberanía» de Marruecos sobre este territorio ha sido rechazada por tribunales internacionales y no es reconocida por la ONU ni por la gran mayoría de la comunidad internacional. «La magnitud del proyecto de Dajla aumenta la preocupación.

Los centros de datos requieren vastas extensiones de terreno e infraestructuras importantes: carreteras, líneas eléctricas, fibra óptica, que podrían alterar irreversiblemente el paisaje y fortalecer la ocupación marroquí», advierte el Observatorio.

Por lo tanto, WSRW insta a todos los inversores y empresas involucradas en infraestructuras de datos en Marruecos a «actuar con cautela y evitar la complicidad en proyectos ubicados en territorio ocupado». «La jurisprudencia internacional ha establecido que el Sáhara Occidental es un territorio distinto y separado de Marruecos y que las actividades económicas que se desarrollan allí requieren el consentimiento del pueblo saharaui», enfatiza la ONG, citando en particular las diez sentencias posteriores del Tribunal de Justicia de la UE. A medida que el mundo avanza hacia un futuro cada vez más digital, WSRW insta a los gobiernos, inversores y empresas a «garantizar que la innovación no se convierta en un vector para agravar la injusticia en el Sáhara Occidental».