Durante décadas, el conflicto del Sáhara Occidental se ha presentado como un problema “complejo”, “enquistado” o “difícil de resolver”. Hoy, esa descripción ya no sirve. Lo que ocurre en el Sáhara Occidental no es el resultado de una complejidad irresoluble, sino la consecuencia directa de una estrategia política perfectamente reconocible: la sustitución progresiva del derecho internacional por el silencio, la ambigüedad y el hecho consumado por la fuerza. En un mundo que entra abiertamente en una fase de desregulación geopolítica, el Sáhara se ha convertido en un laboratorio donde se ensaya el colapso práctico de las normas que, hasta ahora, decían regir las relaciones internacionales.

El contexto global ha cambiado de forma acelerada en los últimos años. La invasión rusa de Ucrania, la destrucción sistemática de Gaza al margen del derecho humanitario, las amenazas explícitas sobre Groenlandia o la captura del presidente venezolano por orden directa de Estados Unidos han marcado un punto de inflexión. La fuerza ya no se disfraza de legalidad: se reivindica abiertamente. El derecho internacional, lejos de ser invocado como límite, es tratado como un obstáculo prescindible. En ese escenario, los territorios sin soberanía plena, como el Sáhara Occidental, se convierten en los primeros espacios donde esta lógica se normaliza.

Formalmente, nada ha cambiado. El Sáhara Occidental sigue siendo, según Naciones Unidas, un territorio no autónomo pendiente de descolonización. El derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación sigue siendo inalienable. Ningún Estado ni organismo internacional reconoce la soberanía marroquí sobre el territorio. Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea continúan afirmando que el Sáhara Occidental y Marruecos son territorios distintos y separados. Todo esto es jurídicamente incuestionable. Y, sin embargo, políticamente se actúa como si fuera irrelevante.

Aquí reside el núcleo del problema. El derecho internacional ya no se viola de forma abierta: se vacía de contenido mediante la inacción. No se deroga, se ignora. No se contradice, se silencia. La ocupación marroquí del Sáhara Occidental, que constituye una violación flagrante del derecho internacional desde hace casi cincuenta años, no solo no es sancionada, sino que es progresivamente normalizada. La ilegalidad no se corrige; se gestiona. Y esa gestión termina convirtiéndose en una forma de legitimación.

La Resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada en 2025, es un ejemplo revelador de esta dinámica. Desde el punto de vista jurídico, no introduce ningún cambio sustancial: no reconoce soberanía marroquí alguna, no avala el plan de autonomía y no altera el principio de autodeterminación. Sin embargo, Marruecos y sus aliados la presentan como un respaldo implícito a su marco político. No porque el texto lo diga, sino porque el contexto lo permite. La ambigüedad se convierte así en un instrumento político, y el silencio del Consejo de Seguridad en un mensaje tácito: no habrá consecuencias.

Esta lógica explica también la insistencia en un supuesto “plan de autonomía” que nunca llega a materializarse. Marruecos no presenta un proyecto concreto porque no puede hacerlo sin entrar en contradicción con su propio sistema político y constitucional. Una autonomía real implicaría reformas profundas, reconocimiento de un sujeto político saharaui y garantías democráticas incompatibles con el modelo del Majzén. El plan no existe porque no puede existir. Pero su mera invocación cumple una función esencial: desplazar el debate del derecho a la autodeterminación hacia una falsa discusión administrativa.

En este proceso, la responsabilidad de actores como España y la Unión Europea es central. España, como antigua potencia colonial y autoridad administradora de iure, ha optado por un repliegue político que contradice sus obligaciones jurídicas. El cambio de posición del Gobierno español no fue fruto de un debate democrático ni de una revisión legal, sino de una decisión política tomada al margen del Parlamento y de la legalidad internacional. La Unión Europea, por su parte, persiste en una peligrosa esquizofrenia: reconoce en los tribunales lo que ignora en la práctica política, intentando sortear sentencias firmes mediante fórmulas comerciales y técnicas que perpetúan la explotación ilegal de los recursos saharauis.

Mientras tanto, sobre el terreno, la ocupación se endurece. La represión contra activistas saharauis, defensores de derechos humanos, estudiantes y periodistas continúa con total impunidad. Detenciones arbitrarias, asedios policiales, prohibiciones de reunión y torturas documentadas forman parte de una realidad sistemática que rara vez ocupa titulares internacionales. El silencio no es neutral: protege al ocupante y castiga al ocupado.

El Sáhara Occidental no es una anomalía del sistema internacional; es su espejo. Lo que allí se tolera anticipa lo que puede generalizarse en otros contextos. Si el principio de descolonización puede ser erosionado sin consecuencias, si el derecho a la autodeterminación puede ser sustituido por la gestión indefinida de una ocupación, entonces ningún marco jurídico está a salvo. No estamos ante un “conflicto congelado”, sino ante una renuncia deliberada a resolverlo conforme al derecho.

Cuando el silencio se convierte en política, la injusticia deja de ser una desviación y pasa a ser una norma. El Sáhara Occidental sigue siendo una cuestión de descolonización pendiente. Pero hoy es también algo más: una advertencia clara de lo que ocurre cuando el derecho internacional se abandona no por incapacidad, sino por conveniencia.

Carlos C. García – Plataforma «NO TE OLVIDES DEL SAHARA OCCIDENTAL»